En sus primeros 100 días controlando ambas cámaras del Congreso, los republicanos han anulado siete regulaciones impulsadas por el presidente Biden, principalmente ligadas al sector energético, argumentando que entorpecían la producción nacional y elevaban los costos al consumidor.
Entre las normativas eliminadas figuran:
• Un reglamento de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) que imponía una tarifa por emisiones de metano a las instalaciones de petróleo y gas natural, calificada por los republicanos como un freno a la producción energética.
• La exigencia de que nuevos concesionarios de petróleo y gas en la plataforma continental exterior presentaran informes arqueológicos antes de iniciar perforaciones.
• Dos normas del Departamento de Energía que incrementaban los requisitos de eficiencia para calentadores de agua a gas y aparatos de refrigeración.
“El Congreso, usando la Ley de Revisión, está apoyando al presidente Trump para revertir la ofensiva regulatoria de Biden contra la energía estadounidense”, señaló el presidente de la Cámara, Mike Johnson (R-LA), tras la votación de una de las revocaciones.
La ofensiva republicana también alcanzó regulaciones del sector financiero y de criptomonedas promulgadas durante la administración Biden.
A contrarreloj, el Congreso liderado por los republicanos avanza en la eliminación de más normas, aprovechando el proceso expedito de la Ley de Revisión del Congreso (CRA), cuyo plazo para la mayoría de reglas de Biden culmina el próximo mes. Posteriormente, aunque podrán seguir votando revocaciones, perderán el beneficio de procedimientos acelerados.
El líder de la mayoría, Steve Scalise (R-LA), difundió en febrero una lista de diez regulaciones de Biden que consideraba prioritarias para su eliminación. Hasta ahora, el Congreso ha aprobado resoluciones conjuntas para revocar cinco de esas prioridades y otras dos normas adicionales.
Tres derogaciones aprobadas por la Cámara esperan todavía su validación en el Senado.
Trump ha firmado tres revocaciones: la supresión de la tarifa de metano de la EPA, la eliminación del informe arqueológico para perforaciones en alta mar y la anulación de una norma del IRS que pretendía equiparar los exchanges descentralizados (DeFi) a intermediarios financieros.
La controvertida tarifa de metano, establecida en la Ley de Reducción de la Inflación, comenzaba con un gravamen de 900 dólares por tonelada métrica en 2024, ascendiendo a 1.500 dólares en 2026. Aunque su anulación supone un golpe para las políticas climáticas, los republicanos buscan derogar toda la ley de fondo para blindar su eliminación.
Respecto a las criptomonedas, líderes de ese sector argumentaron que las reglas de reporte impuestas eran inoperables, ya que las plataformas DeFi no actúan como intermediarios tradicionales, lo que imposibilita la identificación de usuarios.
Cuatro resoluciones adicionales, también aprobadas por ambas cámaras, aún deben llegar a Trump para su firma. Incluyen la reversión de dos reglas del Departamento de Energía sobre calentadores de agua y electrodomésticos de refrigeración.
La Cámara también derogó normas que limitaban el consumo energético de refrigeradores comerciales y endurecían requisitos de etiquetado y certificación en productos como lavavajillas, aires acondicionados y bombas de calor, que esperan ahora su turno en el Senado.
La estrategia republicana sugiere que agruparán todas las medidas sobre electrodomésticos antes de enviarlas a la Casa Blanca para su promulgación. Otras medidas pendientes incluyen la anulación de dos reglas de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor: una que imponía nuevas obligaciones a plataformas de pago digital como Venmo y PayPal, y otra que restringía los cargos por sobregiro bancario.
Un asistente del Senado indicó al Washington Times que todas las resoluciones aún en trámite se votarán antes de que expiren sus plazos privilegiados en mayo, incluidas las relacionadas con electrodomésticos y una medida para eliminar un estándar de emisiones para la fabricación de neumáticos.
Entre las acciones aún no abordadas figura la cancelación de regulaciones del Departamento del Interior sobre equipos de perforación en alta mar en ambientes de alta temperatura. Finalmente, una de las principales prioridades de Scalise —bloquear las exenciones otorgadas a California para establecer normas más estrictas de emisiones vehiculares— fue descartada, ya que el Senado concluyó que no podía ser desafiada bajo la CRA, debido a una ley histórica que protege el derecho regulatorio del estado.
