María Oropeza, coordinadora del partido Vente en el estado de Portuguesa, Venezuela, se convirtió en un símbolo de la creciente represión en el país cuando transmitió en vivo su propia detención a través de Instagram.
El caso de Oropeza se suma a las 1.152 detenciones confirmadas por el Foro Penal en los días posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio, donde Nicolás Maduro fue declarado ganador en medio de denuncias de fraude.
Un nuevo nivel de violencia
La represión posterior a las elecciones en Venezuela ha alcanzado niveles de violencia sin precedentes. Los activistas denuncian que la actuación del régimen chavista es inédita tanto en su intensidad como en los sectores que está afectando. Marino Alvarado, un reconocido activista de derechos humanos, señala que la represión se ha dirigido principalmente a los sectores populares del país, con el 80% de los detenidos pertenecientes a comunidades humildes. Alvarado compara esta ola de represión con las tácticas utilizadas durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, destacando que en Venezuela ya se cuentan 23 personas asesinadas por las fuerzas públicas y grupos paramilitares.
Adolescentes acusados de terrorismo
El volumen de arrestos ha saturado las oficinas del Foro Penal en Caracas, donde familiares desesperados buscan ayuda para sus seres queridos detenidos. Alfredo Romero, director de la organización, ha identificado un patrón en las detenciones, que incluyen tanto a manifestantes como a personas que estaban cerca de las protestas sin participar en ellas. Dentro de este grupo se encuentran 101 adolescentes, acusados de terrorismo, instigación al odio y asociación para delinquir, sin diferenciar su tratamiento del de los adultos.
Carlos Trapani, abogado especializado en derechos de la infancia, advierte sobre la falta de información oficial y el trato inhumano a estos menores, que incluye la detención en calabozos junto a adultos y la negación de contacto con sus familias.
Persecución selectiva y prisiones
Romero también denuncia la detención selectiva de testigos de las elecciones, dirigentes políticos y activistas de derechos humanos. Entre los detenidos se encuentran figuras como el exdiputado Freddy Superlano y el abogado de Foro Penal que fue acusado de terrorismo por asistir a un detenido. Además, casos como el de la politóloga Edni López y la reportera gráfica Deisy Peña ilustran la creciente persecución y la preocupación por las condiciones de reclusión.
Con la mayoría de las audiencias de presentación realizándose en grupo y de forma virtual, las posibilidades de defensa se ven gravemente limitadas. La preocupación por las condiciones de reclusión crece, especialmente para las familias pobres que deben recorrer largas distancias para atender a los detenidos.
Nicolás Maduro, por su parte, ha anunciado que se están remodelando cárceles para albergar a los detenidos, afirmando que todos los «criminales fascistas» serán trasladados a prisiones de máxima seguridad como Tocorón y Tocuyito.
El impacto internacional
La represión desatada tras las elecciones solo ha ampliado el expediente de violaciones de derechos humanos del gobierno venezolano ante la Corte Penal Internacional. Con la comunidad internacional observando de cerca, las acciones del régimen de Maduro continúan siendo objeto de graves denuncias y condenas.
