El próximo viernes 10 de enero, la Asamblea Nacional de Venezuela se dispone a juramentar a Nicolás Maduro como presidente reelecto, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha publicado los resultados electorales, como establece la ley. Sin base legal ni legitimidad, el régimen ha planificado movilizar a miles de personas, incluyendo beneficiarios de programas estatales, funcionarios y extranjeros, para utilizarles como escudo humano y contener posibles reacciones populares tras el presunto triunfo del opositor Edmundo González Urrutia, según las actas electorales.
La estrategia del régimen incluye el traslado de jefes policiales desde distintas regiones del país hacia Caracas, donde serán responsables de coordinar grupos de choque y supervisar a cientos de personas que serán movilizadas en autobuses para acampar durante tres días en la capital. Entre estos funcionarios se encuentra Yulia Teresa Mendoza Luna, inspectora y abogada del estado Táchira, quien fue reasignada a la zona de La Carlota, cercana al aeropuerto y a instalaciones militares. Se espera la llegada de más de ocho mil campesinos y pescadores que acamparán en el Poliedro de Caracas desde el 8 de enero. El principal encargado de esta movilización es Nahum Jephte Fernández Molina, jefe de Gobierno del Distrito Capital y vicepresidente de Movilización y Eventos del PSUV.
A pesar de que el régimen alega que las sanciones internacionales han afectado severamente la economía del país, se destinarán recursos para financiar el traslado de personas, suministros de alimentos y logística de las actividades previstas desde el 7 hasta el 12 de enero. Además, se pagará a mil delegados cuya identidad no ha sido revelada, con el pretexto de que participarán en dos “congresos antifascistas” y asistirán a la juramentación del mandatario. El partido también ha creado la “Comisión de Defensa Integral y Soberanía de la Nación”, encargada de emitir directrices para la “Movilización Nacional del PSUV”. La instrucción es que todas las estructuras del partido, desde las UBCH hasta las gobernaciones y alcaldías, se integren a la Milicia Bolivariana para recibir entrenamiento y participar en la “defensa integral” del régimen.
Los mensajes enviados a través de WhatsApp y Telegram han sido constantes. En uno de ellos, se encomienda a Ángel Prado, de la Comuna El Maizal, la tarea de coordinar la concentración de grupos en el Poliedro de Caracas. Se ha indicado a los participantes que deben llevar franelas azules y un morral con útiles personales, además de evitar la presencia de niños y ancianos, priorizando la participación de jóvenes en buenas condiciones físicas. El PSUV estableció cuotas de participantes por estado, incluyendo: Portuguesa: 200 personas; Lara: 400 personas; Yaracuy: 200 personas; Barinas: 200 personas; Cojedes: 100 personas; Falcón: 150 personas; Monagas: 150 personas; Anzoátegui: 150 personas; Sucre: 150 personas; Miranda: 200 personas; Guárico: 250 personas; Carabobo: 150 personas; Mérida: 150 personas; Trujillo: 100 personas; Aragua: 100 personas; Delta Amacuro: 100 personas; Caracas: 300 personas; Bolívar: 150 personas; La Guaira: 150 personas; Comuna Joven: 500 personas.
En total, se espera movilizar a 3.850 personas para lo que denominan la “tercera batalla de Santa Inés”, desde la noche del 7 hasta la noche del 11 de enero. Las directrices incluyen que cada participante lleve sábanas, almohada y medicamentos personales, y advierten que se dormirá junto a 5.000 personas en el campamento. Se prevé proporcionar una ración de comida completa y una ración de combate diaria, además de agua. Se recalca que deben acudir personas leales al chavismo, con capacidad para caminar largas distancias si es necesario, y que no presenten problemas nerviosos. Un mensaje emitido por el PSUV subraya: “Debe venir gente muy chavista y que sepa que se viene a una tarea puntual, que es la defensa de Nicolás Maduro Moros, presidente de la república”. También se insiste en que “no se permitirá la presencia de personas que puedan causar problemas o deserciones”.
