Imagen: presidente de Venezuela, Nicolás Maduro I EFE
A menos de un mes para la toma de posesión presidencial que definirá el rumbo político de Venezuela, Nicolás Maduro ha comunicado su intención de impulsar una reforma constitucional destinada, según él, a “consolidar la soberanía popular”. El anuncio, realizado durante un acto transmitido por televisión, marca el inicio de una nueva etapa política para el chavismo, que busca afianzar su control en medio de un entorno marcado por la crisis de legitimidad.
El recurso de las reformas: antecedentes y controversias
La estrategia de recurrir a reformas constitucionales no es nueva en el chavismo. En 2017, Maduro impulsó la creación de una Asamblea Constituyente con el objetivo de contrarrestar al Parlamento de mayoría opositora. Sin embargo, esta institución, declarada plenipotenciaria, cesó sus funciones en 2020 sin haber reformado la Constitución, aunque sí aprobó leyes represivas, como la ley contra el odio.
Hugo Chávez también intentó en 2007 una reforma para eliminar la alternancia política mediante la reelección indefinida y establecer las bases del Estado comunal. Aunque esa iniciativa fue rechazada en referéndum, los cambios se implementaron dos años después a través de una enmienda constitucional.
Elecciones anticipadas y crisis de legitimidad
El contexto político actual se complica por las denuncias de fraude en las elecciones presidenciales del pasado julio, que han intensificado la presión sobre el Gobierno de Maduro. A pesar de ello, el mandatario ha sugerido que las elecciones parlamentarias y regionales previstas para 2025 podrían adelantarse a los primeros meses de 2024.
Mientras tanto, el Parlamento controlado por el chavismo avanza en la aprobación de leyes polémicas. Entre ellas, la Ley Simón Bolívar, que establece sanciones severas como inhabilitaciones políticas de hasta 60 años y confiscaciones de bienes, además de normas electorales restrictivas y una ley de justicia comunitaria.
En medio de este panorama, Maduro también ha arremetido contra organizaciones como Provea, acusándola de colaborar con la CIA y minimizando las denuncias sobre los más de 2.000 detenidos tras la represión poselectoral.
Crisis diplomática: el caso de la Embajada argentina
La salida del dirigente opositor Fernando Martínez Mottola de la Embajada de Argentina en Caracas ha reavivado la tensión diplomática. Martínez Mottola, quien permaneció refugiado en la sede durante nueve meses junto a otros cinco opositores, se entregó voluntariamente a la Fiscalía bajo un régimen de presentación.
Esta situación forma parte de una creciente crisis diplomática que incluye el asedio a la Embajada de Brasil en Caracas, donde las fuerzas de seguridad han cortado servicios básicos y detenido a personal diplomático. Además, se acusa a un gendarme argentino de participar en supuestos “planes terroristas”.
Negociaciones y acuerdos internacionales
El canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, reveló que su país ha mediado en las negociaciones para buscar una salida al caso de los refugiados, aunque las condiciones impuestas por Venezuela, como la liberación de Jorge Glas en Argentina, han dificultado un acuerdo.
En paralelo, Ecuador, que rompió relaciones con Venezuela tras incidentes diplomáticos en abril, ha delegado a Suiza la protección de sus bienes en Caracas. Este movimiento refleja el deterioro de las relaciones diplomáticas en la región mientras Venezuela busca afianzar su poder político a nivel interno.
