Miembros sudaneses de las Fuerzas de Apoyo Rápido, una fuerza paramilitar respaldada por el gobierno sudanés para combatir a los rebeldes./AFP
Las fuerzas paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) mataron al menos a 56 civiles durante una serie de ataques perpetrados el jueves y viernes en la localidad de Umm Kadadah, en Darfur, según denuncias de activistas locales. Estos hechos, descritos como asesinatos motivados por razones étnicas, ocurrieron en una zona estratégica en la carretera hacia el-Fasher, último bastión del ejército sudanés (SAF) en la región occidental del país.
Umm Kadadah, situada a unos 180 kilómetros al este de el-Fasher, fue capturada por las RSF el jueves, en el marco del conflicto que mantiene a Sudán sumido en una guerra civil desde abril de 2023. Más de 12 millones de personas sufren actualmente altos niveles de inseguridad alimentaria, y otros 12,5 millones han sido desplazados, según datos de ACNUR.
El ejército sudanés controla el este y el norte del país, mientras que las RSF dominan la mayor parte de Darfur y regiones del sur. La ONU denunció recientemente la muerte de más de 100 personas, incluidos 20 niños, durante ataques coordinados de las RSF contra el-Fasher y los campos de desplazados de Zamzam y Abu Shouk. La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios calificó las ofensivas como ataques “terrestres y aéreos coordinados”.
Organismos internacionales, como la ONU y Amnistía Internacional, han documentado crímenes de guerra cometidos por ambas partes, incluyendo violencia sexual, saqueos y bombardeos indiscriminados. Amnistía denunció esta semana que las RSF perpetraron violaciones, violaciones grupales y esclavitud sexual contra al menos 36 mujeres y niñas entre abril de 2023 y octubre de 2024. Las víctimas tenían entre 15 y 17 años, y los testimonios fueron recogidos en campos de refugiados en Uganda.
La financiación de la guerra se sustenta, en parte, en actividades económicas ilícitas. Un informe confidencial presentado al Consejo de Seguridad de la ONU reveló que las RSF se benefician del saqueo de recursos como la goma arábiga y el oro. Solo en 2024, entre 50.000 y 70.000 toneladas de goma arábiga habrían sido transportadas a Chad, generando ingresos ilícitos millonarios. Este producto natural, esencial en la industria alimentaria y cosmética, proviene en un 70% de Sudán, especialmente de zonas controladas por las RSF.
A pesar de negar su implicación en el contrabando, el grupo paramilitar ha sido vinculado repetidamente a estas operaciones. Según informes, los comandantes toleran el saqueo de goma para mantener la lealtad de sus tropas.
En medio de este escenario, el gobierno de Sudán acusó formalmente a Emiratos Árabes Unidos (EAU) de complicidad en un presunto genocidio. Durante una audiencia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Jartum denunció que el apoyo militar de EAU a las RSF ha facilitado ataques sistemáticos contra la comunidad masalit, un grupo étnico africano negro asentado en Darfur Occidental.
Sudán alega que el respaldo emiratí viola la Convención sobre el Genocidio. La denuncia se suma a los hallazgos del Centro Raoul Wallenberg, que en 2023 concluyó que existen “pruebas claras y convincentes” de que las RSF y sus milicias aliadas están cometiendo actos genocidas contra los masalit, en una campaña de violencia étnica que incluyó asesinatos masivos, desplazamientos forzados y destrucción de aldeas.
