El gobierno de Giorgia Meloni ha comenzado a implementar medidas que reflejan su promesa de imponer mano dura para mantener el orden. Una de las nuevas normativas contempla penas de hasta dos años de cárcel por bloquear carreteras o vías férreas, incluso de manera pacífica, una acción común en protestas sindicales o ecologistas que hasta ahora solo resultaba en sanciones administrativas. Asimismo, el decreto también penaliza la resistencia pasiva a la autoridad, tanto en cárceles como en centros de acogida para migrantes. Ante esto, la oposición ha bautizado el nuevo decreto como “anti-Gandhi”.
Restricciones para extranjeros y nuevas penas
Otro aspecto relevante del decreto afecta a los migrantes en situación irregular, quienes ahora tendrán mayores dificultades para adquirir teléfonos móviles, ya que se les exigirá un permiso de residencia para obtener una tarjeta SIM. Si un comerciante no cumple con esta norma, su tienda podría enfrentarse a un cierre de hasta un mes.
El regreso del servicio militar y la castración química
Una de las medidas más controvertidas incluidas en el decreto es la posibilidad de estudiar la castración química para los agresores sexuales, una propuesta impulsada por el partido «La Liga«. Aunque la formación populista de Matteo Salvini ha logrado que se apruebe una comisión técnica para evaluar esta opción, su implementación dependería de la aceptación voluntaria de los condenados y llevaría a una suspensión condicional de la pena.
Criminalización de las protestas
El nuevo decreto endurece las penas relacionadas con protestas y manifestaciones. Cortar carreteras o vías férreas puede llevar a penas de hasta dos años de cárcel si se realiza en el marco de una protesta colectiva. Además, el decreto incluye agravantes en situaciones donde se intente impedir la construcción de obras públicas o infraestructuras estratégicas, como ha ocurrido en las manifestaciones contra proyectos como el tren de alta velocidad o el puente del estrecho de Messina. La normativa también aumenta las penas por daños durante una protesta si se producen actos de violencia o amenazas, castigándolos con hasta seis años de prisión.
Restricciones en cárceles y centros de migrantes
Otra de las medidas criticadas se refiere a la penalización de la “resistencia pasiva”, tanto en centros penitenciarios como en los de acogida de migrantes. Según el nuevo decreto, quienes participen en revueltas, utilizando violencia, amenazas o resistencia, podrían enfrentarse a penas de entre uno y cinco años de cárcel. Esto llega en un contexto de alta tensión en las cárceles italianas, que enfrentan problemas de hacinamiento y deterioro, con 61.840 reclusos en instalaciones diseñadas para 46.929, y 72 suicidios registrados en lo que va del año.
Una de las disposiciones más polémicas elimina la excepción que evitaba que las mujeres embarazadas o con hijos menores de un año ingresaran en prisión. Esta medida está especialmente dirigida a las carteristas que, al ampararse en esa excepción, son detenidas y liberadas reiteradamente. Además, el decreto introduce penas más severas para delitos cometidos en estaciones de tren o metro, sectores que han visto un incremento en la delincuencia, especialmente en ciudades como Roma y Milán.
