El Parlamento argentino aprobó la ley por una amplia mayoría, pero el presidente Javier Milei ha anunciado que vetará la norma, calificándola de «irresponsable» y «populista».
La ley, aprobada por el Senado el jueves pasado y que ya había sido respaldada por la Cámara de Diputados en junio, establece una fórmula para actualizar las jubilaciones. Esta fórmula combina el índice de inflación con la variación promedio de los salarios formales y contempla un ajuste extraordinario del 8,1% para los jubilados. La aprobación de la ley se produjo con el apoyo de todos los partidos políticos, pero el gobierno de Milei la considera un «acto de populismo demagógico».
Según el equipo de Milei, la ley implicaría un gasto adicional del 1,2% del Producto Bruto Interno (PBI), lo que obligaría al Estado a contraer deuda. La administración del presidente, que desde diciembre ha implementado un severo plan de ajuste para recuperar el equilibrio fiscal, argumenta que la ley establece «gastos exorbitantes sin la correspondiente partida presupuestaria».
El gasto en jubilaciones ha sido uno de los principales afectados por el plan de ajuste fiscal del gobierno. En marzo, Milei actualizó las pensiones por decreto, en lugar de seguir la fórmula establecida desde 2021. Una de las tasas de inflación más altas del mundo, el 65% de los 6,5 millones de jubilados en Argentina cobra la jubilación mínima. Actualmente, esta pensión mínima es de 225.454 pesos (aproximadamente 233 dólares o 212 euros), un monto que, con un bono de refuerzo por emergencia, llega a 295.454 pesos. Este ingreso representa solo el 82% del salario mínimo legal en el país, dejando a muchos jubilados al borde de la indigencia.
La Constitución argentina permite al presidente vetar total o parcialmente una ley. Para superar este veto, el Parlamento debe someter nuevamente el proyecto a votación y obtener el respaldo de al menos dos tercios de ambas cámaras legislativas. Mientras tanto, el gobierno de Milei ha anunciado que la actualización de las pensiones en septiembre será del 4%, en lugar de aplicar la fórmula establecida por la ley que se vetará.
