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El gobierno argentino, liderado por Javier Milei, anunció modificaciones en las políticas migratorias que apuntan a restringir beneficios para extranjeros. Entre las propuestas destacan el fin de la gratuidad de la atención médica para no residentes en hospitales públicos y la posibilidad de que las universidades cobren aranceles a los extranjeros. Aunque estas medidas enfrentan barreras legales, ya que salud y educación son competencias provinciales y universitarias, reflejan un intento del Ejecutivo de instalar su agenda en un contexto de recesión y pobreza, que afecta al 53% de la población.
En una conferencia de prensa, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, arremetió contra la actual política migratoria. “La doctrina garantista ha causado desastres. Los malandras, okupas y oportunistas deben quedarse del otro lado de la frontera y no venir a dañar a los argentinos que residen en el país”, afirmó. También adelantó que se ampliarán las causales para la deportación de inmigrantes y la prohibición de su reingreso al territorio nacional.
Justificaciones económicas y resonancias ideológicas
El gobierno de Milei ha reiterado que el argumento para implementar estas políticas es la falta de recursos económicos. Bajo el lema “no hay plata”, las medidas buscan justificar el cobro de servicios esenciales a extranjeros. Sin embargo, este discurso recuerda al enfoque xenófobo del expresidente estadounidense Donald Trump, admirado públicamente por Milei.
El endurecimiento del mensaje coincide con la celebración en Buenos Aires de la primera Cumbre Política de Acción Conservadora (CPAC). Este evento reúne a líderes de la ultraderecha mundial, como Lara Trump, Ron Paul, Santiago Abascal, Jair Bolsonaro y Viktor Orbán, quienes comparten con Milei una retórica nacionalista y antiinmigración.
Salud pública en el punto de mira
Una de las medidas anunciadas, el cobro por la atención médica a extranjeros, ha sido celebrada por Adorni como un paso para “poner a los argentinos por encima de los no residentes”. El portavoz mencionó, sin datos concretos, que la Argentina es víctima de “tours sanitarios” que saturan el sistema público de salud. Actualmente, solo la provincia de Salta, fronteriza con Bolivia, ha implementado un modelo de cobro a extranjeros en los hospitales públicos, que el gobierno espera replicar a nivel nacional.
Educación superior: del orgullo a la controversia
La propuesta de cobrar aranceles a los extranjeros no residentes en las universidades públicas también ha generado polémica. Según datos de 2022, los estudiantes extranjeros representan el 4,1% del total en carreras de grado y cerca del 10% en posgrados pagos. En la Universidad de Buenos Aires, la más prestigiosa del país, la facultad de Medicina concentra un 23% de estudiantes extranjeros.
No obstante, la autonomía universitaria dificulta la aplicación de esta medida, ya que cada institución tiene potestad para decidir sobre los aranceles. Históricamente, la gratuidad de la educación superior ha sido un símbolo de orgullo nacional, pero el gobierno argumenta que los extranjeros representan una carga económica que debe ser aliviada. La realidad es distinta: uno de los requisitos para acceder a las universidades públicas en Argentina es ser residente, lo que limita el alcance real de la medida.
