El gobierno mozambiqueño confirmó una fuga masiva de más de 1.500 reclusos de la prisión de alta seguridad de Machava, cerca de la capital, Maputo, ocurrida el 25 de diciembre. El incidente tuvo lugar en medio de la violencia postelectoral, desencadenada tras la confirmación por parte del Consejo Constitucional de la victoria electoral de Daniel Chapo, quien obtuvo el 65% de los votos.
El jefe de la policía, Bernardino Rafael, informó que 1.534 prisioneros escaparon y solo 150 han sido recapturados hasta ahora. La fuga provocó violentos enfrentamientos entre los fugitivos, el personal penitenciario y la policía, dejando un saldo de 33 muertos y 15 heridos. Videos difundidos en redes sociales muestran a multitudes escapando de la prisión, algunas portando armas arrebatadas a los guardias.
La prisión de Machava alberga a reclusos de alto riesgo, incluidos yihadistas vinculados a grupos armados en Cabo Delgado. Según las autoridades, al menos 30 yihadistas, incluido uno clasificado como «altamente peligroso», están entre los fugitivos, lo que ha generado serias preocupaciones de seguridad.
El contexto de violencia postelectoral agrava la crisis. En los últimos dos meses, 248 personas han muerto debido a enfrentamientos relacionados con las elecciones, según datos de la ONG Plataforma Decide. La fuga ha puesto de manifiesto las tensiones políticas y de seguridad que sacuden al país.
A nivel internacional, la situación también refleja tensiones regionales. Mientras el gobernante Congreso Nacional Africano (ANC) felicitó a Daniel Chapo por su victoria, Estados Unidos expresó preocupación por la falta de transparencia en el proceso electoral. Observadores han criticado la respuesta pasiva de Sudáfrica ante la escalada de violencia en Mozambique, lo que podría complicar aún más el panorama en la región.
El fallo de la justicia desata la ola de violencia
Al menos 21 personas han muerto en violentos disturbios en Mozambique tras la decisión del Consejo Constitucional de confirmar la victoria del partido Frelimo, que gobierna desde hace décadas, en las elecciones presidenciales de octubre. El anuncio fue realizado el martes por la noche por el ministro del Interior, Pascoal Ronda.
El fallo judicial del lunes ratificó al candidato de Frelimo, Daniel Chapo, como ganador con el 65,17% de los votos, desestimando las acusaciones de fraude generalizado presentadas por la oposición. Esta decisión desató una ola de protestas en todo el país, lideradas por partidarios de la oposición que insisten en que las elecciones fueron manipuladas.
Las manifestaciones han bloqueado carreteras, incendiado neumáticos y provocado enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Edificios públicos y vehículos han sido objeto de actos de vandalismo en varias provincias, mientras crece la tensión. Hasta el momento, al menos 78 personas han sido detenidas, y el gobierno advirtió que continuará realizando más detenciones mientras intentan restablecer el orden.
«Las Fuerzas Armadas y de Defensa incrementarán su presencia en puntos críticos y clave«, declaró el ministro Ronda a la emisora estatal TVM, subrayando que se han reforzado las medidas de seguridad.
La oposición, encabezada por Venâncio Mondlane, rechazó el fallo del tribunal, acusando al Frelimo de intimidación de votantes, relleno de papeletas e irregularidades en el recuento de votos. Estas acusaciones, aunque negadas por el partido gobernante, no son nuevas. El Frelimo ha gobernado Mozambique desde su independencia en 1975 y ha sido criticado por consolidar el poder y sofocar a la oposición.
El anuncio del Consejo Constitucional ha avivado las tensiones en un país que ya enfrenta dificultades económicas, pobreza generalizada y una insurgencia islamista en la provincia norteña de Cabo Delgado. Las protestas han sido especialmente intensas en centros urbanos como Maputo, Beira y Nampula, donde la policía ha recurrido al uso de gases lacrimógenos y munición real para dispersar a los manifestantes.
Activistas locales informan que varias de las muertes ocurrieron durante enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Los grupos de derechos humanos han instado al gobierno a actuar con moderación y proteger la seguridad de los manifestantes pacíficos.
