Un violento ataque perpetrado contra un autobús en Cisjordania ha dejado al menos ocho personas heridas, tres de ellas en estado grave. El incidente, ocurrido cerca del asentamiento israelí de Ariel, está siendo investigado por el Ejército israelí como un posible ataque terrorista.
El hecho tuvo lugar en el cruce de Giti Avisar, donde el atacante disparó hasta diez veces contra el parabrisas del autobús antes de ser “neutralizado”, según informaron las autoridades israelíes en la red social X.
El servicio de emergencias de Israel, Magen David Adom, confirmó que cuatro de los heridos presentan impactos de bala, mientras que las otras cuatro víctimas sufrieron cortes leves por cristales rotos.
Este ataque coincide con tensiones diplomáticas y judiciales internacionales. La Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant. Estas acusaciones, relacionadas con su actuación en operaciones militares, marcan un hito en la actuación del tribunal, que nunca había apuntado a líderes democráticos bajo circunstancias similares.
Netanyahu, quien recientemente ordenó a las Fuerzas de Defensa de Israel actuar con firmeza frente a cualquier violación del alto fuego en el Líbano, declaró que su país no tolerará provocaciones de grupos como Hezbolá. Advirtió que, en caso de una escalada significativa, las IED están preparadas para intensificar sus acciones con “una guerra intensiva” en lugar de operaciones limitadas.
Occidente critica la decisión del CIP
La decisión del CPI ha sido recibida con críticas y divisiones en la comunidad internacional. Mientras algunos líderes han condenado las órdenes de arresto como un acto sin precedentes contra una democracia, otros han optado por mantenerse al margen o apoyar las acusaciones. La CPI, creada en 2002, tiene competencia sobre crímenes de guerra y otras violaciones graves en países miembros del Estatuto de Roma, aunque ni Israel ni Estados Unidos reconocen su autoridad.
Los defensores de Israel han señalado que las órdenes emitidas contra Netanyahu y Gallant contrastan con la falta de medidas efectivas contra líderes de grupos terroristas como Hamás, algunos de los cuales ya están fallecidos. Esta controversia resalta las tensiones ideológicas y políticas en torno al tribunal, acusado de servir intereses ideológicos ajenos a la justicia universal.
El CPI enfrenta críticas por su enfoque percibido como parcial y su papel en promover una “gobernanza global” que desafía la soberanía nacional. La inclusión de territorios como Gaza y Cisjordania como miembros del tribunal, pese a no ser Estados reconocidos, refuerza las acusaciones de que estas acciones forman parte de una estrategia deliberada y politizada.
