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El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, han recibido órdenes de arresto por parte del Tribunal Penal Internacional (TPI). Son los primeros líderes de un país democrático con el apoyo de Occidente en enfrentar esta medida. La acusación se centra en presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra en Gaza desde octubre de 2023. Este hecho los coloca junto a figuras como Vladímir Putin, señalado por la invasión de Ucrania, y otros acusados por atrocidades internacionales, como el dictador sudanés Omar al Bashir o el señor de la guerra ugandés Joseph Kony.
La decisión supone un golpe simbólico para Israel, un país que ya enfrenta una causa por genocidio en el Tribunal de La Haya y cuyas acciones en Cisjordania y Jerusalén Este han sido calificadas como ilegales durante décadas. Ahora, la orden de arresto genera un dilema para los 125 Estados miembros del TPI: cumplir con la medida, priorizando el derecho internacional, o mantener su alianza estratégica con Israel.
Restricciones de viaje y apoyo europeo
Netanyahu y Gallant tendrán que considerar cuidadosamente sus destinos de viaje, ya que podrían ser detenidos en cualquier país miembro del TPI, incluyendo la Unión Europea y el Reino Unido, que históricamente han sido aliados de Israel. Sin embargo, la aplicación de estas órdenes no siempre es estricta; precedentes como la recepción de Vladímir Putin en Mongolia, un país firmante del Estatuto de Roma, demuestran que el cumplimiento depende más de la voluntad política que de una autoridad coercitiva.
Anthony Dworkin, analista del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, subrayó la necesidad de que Europa reafirme su apoyo al TPI como un organismo independiente y que evite declaraciones que puedan cuestionar su legitimidad. Este llamado toma especial relevancia considerando la rápida reacción europea a la orden de arresto contra Putin en 2023, en contraste con las ambigüedades actuales respecto a Israel. Países como los Países Bajos han confirmado su intención de cumplir con la orden, mientras que Francia ha calificado la situación como “jurídicamente compleja”.
Impacto en las relaciones internacionales
El cumplimiento de estas órdenes podría influir en el apoyo militar y económico que Israel recibe de sus aliados. Alemania, por ejemplo, es el segundo mayor proveedor de armas al país y, a diferencia de Estados Unidos, sí es miembro del TPI. Alonso Gurmendi, especialista en derechos humanos, advirtió que podrían activarse mecanismos nacionales para ajustar estas relaciones en función del nuevo panorama jurídico.
La medida también representa un respaldo a las demandas del Sur Global, donde países como Sudáfrica, Brasil y Chile han liderado iniciativas para exigir mayor cumplimiento del derecho internacional. Sudáfrica, por ejemplo, presentó la denuncia por genocidio contra Israel que ahora se discute en La Haya.
