Detención del obispo Rolando Álvarez en Nicaragua // InfoVaticana
En el último año, Nicaragua ha experimentado un notable incremento en la persecución religiosa, escalando 20 puestos en la Lista Mundial de la Persecución, situándose ahora en el número 30. Este ascenso significativo, uno de los más rápidos en América Latina, refleja un aumento del 8.3% en su puntuación, marcando una tendencia preocupante en la región.
Por su lado, Cuba se ha convertido en el país con la mayor puntuación en Latinoamérica, evidenciando que las dictaduras comunistas están intensificando sus campañas contra la libertad religiosa. Sin embargo, es en Nicaragua donde la persecución ha alcanzado su punto álgido. La hostilidad del gobierno hacia la Iglesia es evidente y las restricciones a la libertad de religión se han vuelto directas y visibles, enmarcadas en legislaciones diseñadas específicamente para este propósito.
Las críticas al gobierno nicaragüense, tanto por parte de miembros de la Iglesia como de la sociedad civil, resultan en arrestos y persecuciones. Las universidades y otras instituciones vinculadas a la iglesia han visto sus inscripciones anuladas, mientras que propiedades y medios de comunicación cristianos son confiscados. Los clérigos católicos enfrentan acusaciones de espionaje y, en algunos casos, son despojados de su ciudadanía. Monjas y otros representantes de la Iglesia se han visto obligados a exiliarse y ciertas celebraciones cristianas en lugares públicos han sido prohibidas. El cierre de la embajada nicaragüense ante la Santa Sede subraya la gravedad de la situación.
Rolando Álvarez, el señalado por el régimen nicaragüense
El caso más destacado de esta campaña de presión gubernamental ocurrió a finales de 2022 con las acusaciones contra el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, un ferviente defensor de las libertades cívicas en Nicaragua. Álvarez fue despojado de su ciudadanía y, tras negarse a exiliarse a Estados Unidos, fue condenado en febrero de 2023 a más de 26 años de prisión. El juez que dictó la sentencia lo calificó como un «traidor al país» y lo culpó de múltiples delitos, incluyendo la propagación de noticias falsas y la obstrucción de funciones.
La condena de Álvarez ha generado una fuerte condena mundial. La Unión Europea emitió una denuncia formal, mientras que el Departamento de Estado de los Estados Unidos impuso restricciones de visa a los oficiales gubernamentales involucrados. Además, el Consejo del Parlamento de la Organización de los Estados Americanos acusó al presidente Daniel Ortega de incumplir sus compromisos con los pactos internacionales que defienden la libertad de pensamiento, expresión, conciencia y religión. En septiembre, el Grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua de la ONU declaró que la violación generalizada de los derechos humanos en el país equivale a un delito contra la humanidad.
Un futuro preocupante
La represión del régimen de Ortega hacia la iglesia se enmarca en su creciente autocracia desde las elecciones de 2006, intensificándose especialmente desde las medidas represivas del gobierno contra el movimiento a favor de la democracia en 2018. El objetivo del gobierno no es solo silenciar las voces críticas, sino también socavar la credibilidad de la iglesia e impedir la difusión de su mensaje. Así, Nicaragua no solo está escalando rápidamente en la Lista Mundial de la Persecución, sino que está siguiendo el ejemplo de la Cuba comunista, estableciendo una tendencia preocupante en la región.
La situación en Nicaragua es un claro indicativo de la intensificación de la persecución religiosa en América Latina, donde los gobiernos autoritarios están utilizando todos los medios a su alcance para reprimir la libertad de religión y de expresión. La comunidad internacional sigue de cerca estos desarrollos, mientras continúan los llamados a la acción para proteger los derechos fundamentales en la región.
