El Departamento de Defensa de Estados Unidos arrastra desde hace años un historial marcado por el desorden financiero, la supervisión deficiente y una serie de fraudes documentados. Un reciente informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) confirma que esa realidad persiste, sin señales claras de mejora. La agencia advierte que el Pentágono no ha tomado medidas efectivas para reducir su alta exposición al fraude y que avanza con lentitud hacia una auditoría financiera limpia, objetivo previsto para 2028.
Desde que en 2018 se hizo obligatoria la auditoría externa, el Departamento ha reprobado todos los ejercicios anuales. Es la única de las 24 agencias federales que no ha obtenido nunca una opinión sin reservas desde la promulgación de la Ley de Directores Financieros en 1990. Las declaraciones de compromiso abundan, pero los avances son mínimos. De las más de 100 recomendaciones emitidas por la GAO en las últimas dos décadas, la mayoría sigue sin aplicarse. Incluso las debilidades señaladas en la auditoría de 2018 permanecen sin corregirse.
La GAO insiste en que el ritmo de mejora es insuficiente y que se requiere una acción mucho más decidida si se pretende cumplir el plazo de 2028. Entre los fallos más graves destaca la ausencia de un sistema integral de gestión del riesgo de fraude. Entre 2017 y 2024, el propio Departamento reportó fraudes confirmados por más de 10.800 millones de dólares, aunque se estima que esa cifra representa solo una pequeña parte del problema. Casos emblemáticos, como una cafetera adquirida por más de 7.000 dólares o un cubo de basura por 52.000, revelan una cultura institucional de gasto descontrolado.
En otro ejemplo alarmante, una empresa falsificó documentación para certificar como apto un componente militar defectuoso. Aunque el error fue detectado a tiempo, su presencia en el campo de batalla podría haber tenido consecuencias fatales. Expertos como Julia Gledhill, del Centro Stimson, advierten que sin reformas estructurales, el objetivo de una auditoría sin salvedades para 2028 resulta poco realista.
Pese a estas señales de alarma, el gobierno ha optado por aumentar el presupuesto del Pentágono. El expresidente Trump propuso elevarlo a más de 1 billón de dólares, 150.000 millones por encima de la solicitud de la administración previa. Para Gledhill, esta decisión multiplica los riesgos: otorgar más fondos sin controles sólidos solo agranda el margen para el despilfarro. En su opinión, el Congreso debería condicionar el presupuesto a avances demostrables en transparencia y control financiero.
