Manifestantes caminan con pancartas durante la marcha del Orgullo Gay en el centro de Lima. Reuters
El Ministerio de Salud (Minsa) de Perú publicó el pasado viernes un decreto que hace retroceder al país en la lucha contra la discriminación y el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBIQ+ al considerar que sufren problemas de salud mental. El decreto supremo N° 009-2024-SA, que lleva la firma de la presidenta Dina Boluarte, consiste en una actualización del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS).
En esta actualización, el Ministerio de Salud incorporó nuevos diagnósticos en la categoría de trastornos mentales y del comportamiento, basándose en la décima versión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades (CIE-10), que quedó caduca en 2022 al entrar en vigencia una versión actualizada, la CIE-11.
De esta manera, “el transexualismo, el transvestismo de rol dual, el trastorno de la identidad de género en la niñez, otros trastornos de la identidad de género, el transvestismo fetichista y la orientación sexual egositónica” han sido añadidos ahora como problemas de salud mental, a pesar de que la OMS haya excluido la transexualidad de su manual de enfermedades desde hace años.
Un comunicado contradictorio
Después de esta noticia, las críticas al gobierno vinieron por parte de todas las asociaciones y grupos del colectivo. “Tardó 28 años en eliminar a las identidades trans de la misma categoría. No retrocedamos un día más”, se pronunció tajante el colectivo Más igualdad Perú, que recolectó firmas para enviarle una carta al ministro de Salud, César Vásquez.
Cuestionamientos similares hizo Jorge Apolaya, vocero del Colectivo Marcha del Orgullo Lima, quien le ha exigido al Ministerio de Salud que modifique dicha norma pues se apoya en un conjunto de normas que ya están en desuso. “La norma de por sí está desfasada y más bien deja una puerta abierta a las terapias de conversión, así como al uso de hormonas con fines de corrección de la homosexualidad, terapias que son consideradas una tortura por el derecho internacional”, señaló al diario El Comercio.
Ante la oleada de críticas, el Ministro de Salud emitió un comunicado contradictorio: sostienen que la diversidad de género y sexual no son enfermedades ni trastornos, pero no se retractan ni realizan una autocrítica. Justifican el decreto, aduciendo que es para “garantizar que la cobertura de atención sea completa en salud mental” y que el “CIE-10 todavía se mantiene vigente en el país, en tanto se inicie la implementación progresiva del CIE-11, tal como ocurre en otros países de la región”. “El Minsa reafirma categóricamente el respeto de la dignidad de la persona y su libre accionar en el marco de los derechos humanos, brindando servicios de salud en su beneficio”, finaliza el oficio.
