El Tribunal Supremo de Ucrania ha comenzado este jueves a revisar la demanda presentada por el exmandatario Petro Poroshenko, líder del partido Solidaridad Europea, contra el presidente actual, Volodímir Zelenski, por la imposición supuestamente ilegal de sanciones en su contra. La noticia fue confirmada a través de un comunicado en el sitio web oficial de Solidaridad Europea.
A la sesión acudieron legisladores ucranianos junto a diplomáticos de varias misiones internacionales, incluyendo representantes de la Unión Europea y de embajadas como las de Alemania, Austria, Polonia, Dinamarca, Lituania y Suecia, lo que subraya el alcance político e internacional del caso.
Durante su intervención en la audiencia, Poroshenko criticó con dureza la falta de fundamentos concretos para la sanción impuesta por Zelenski. “Han pasado más de dos meses y nadie, ni el presidente ni sus funcionarios, ha explicado claramente por qué se me sancionó. ¿Cuál fue el acto concreto? Y ahora dicen que las sanciones son preventivas. ¿En base a qué? Esto parece más un castigo por pensar distinto, un ‘crimen de pensamiento’”, manifestó.
La defensa de Poroshenko argumenta que las medidas adoptadas por el Ejecutivo no se sostienen legalmente, ya que fueron dirigidas contra un ciudadano ucraniano residente en su propio país. Solo Rusia, afirman, considera a Poroshenko como un “terrorista”, lo que deja sin justificación jurídica la sanción impuesta por el gobierno ucraniano.
Además, sostienen que no se ha hecho pública ninguna prueba de las acusaciones financieras que rodean la decisión presidencial, como la supuesta transferencia de miles de millones de hryvnias al extranjero. El organismo al que se atribuyen esas informaciones, el Servicio Estatal de Supervisión Financiera, ha negado no solo los hechos sino también tener competencias para compartir datos con el gobierno, según explicó su jefe jurídico.
Poroshenko sostiene que esta maniobra busca obstaculizar su rol político. “Lo que intentan es excluirme de la vida pública, impedir mi participación electoral como líder de la oposición y silenciar a Solidaridad Europea en el Parlamento”, dijo con rotundidad.
Entre las consecuencias prácticas de las sanciones, según el exmandatario, se incluye el bloqueo por parte del Banco Nacional a las operaciones de la fundación que él dirige, lo que afecta la financiación de apoyo a las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como su capacidad personal para cumplir obligaciones fiscales.
Previamente a la aplicación de estas medidas, el presidente Zelenski presentó ante el Parlamento un proyecto de ley que contempla penas penales por violar sanciones impuestas por el Estado. Desde Solidaridad Europea se advierte que esto configura un escenario legal que impide cualquier acción económica por parte de Poroshenko.
Las sanciones fueron formalizadas el 13 de febrero, mediante un decreto presidencial que refrendaba una decisión adoptada un día antes por el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa. El documento incluyó también a otras figuras relevantes: el empresario Ihor Kolomoisky, el exbanquero Kostiantyn Zhevaho, Hennadiy Boholiubov, antiguo copropietario de PrivatBank, y Viktor Medvedchuk, exdiputado próximo a Moscú.
