Imagen: Putin llega a Mongolia REUTERS
El presidente de Rusia Vladímir Putin ha aterrizado este lunes en el aeropuerto de Ulán Ulán Bator, capital de Mongolia, sin ser detenido. Se trata de su primera visita a un Estado miembro de la Corte Penal Internacional (CPI) desde que dicho organismo emitiese una orden de arresto en marzo de 2023.
El viaje se produce en el marco de la conmemoración de una victoria militar de Rusia y Mongolia en la Segunda Guerra Mundial (el 85º aniversario de la batalla del río Khalkh, en la que tropas soviéticas y mongolas se enfrentaron a fuerzas japonesas), y el objetivo es asegurar las conexiones de gas hacia China.
Sobre Putin pesa desde marzo de 2023 una orden de arresto vinculada a la deportación forzosa de niños ucranianos, considerada un potencial crimen de guerra. El tribunal también reclamó este año la detención del exministro de Defensa de Rusia Serguéi Shoigú y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Valeri Gerasimov.
Desde que la semana pasada se confirmara el viaje, han sido varios los Gobiernos internacionales, incluido el de Ucrania, que han recordado a Mongolia que como firmante del Estatuto de Roma está obligado a acatar todas las órdenes que surjan del Tribunal de La Haya.
Pese a ello, el Kremlin ha asegurado que no está preocupado. Este mismo lunes, el portavoz presidencial de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, ha negado que existan «problemas» con el Gobierno de Mongolia vinculados a la orden de la CPI, según la agencia Interfax.
Orden de arresto contra Putin
El 18 de marzo de 2023 la CPI emitió una orden de arresto contra el presidente ruso como “presunto responsable” de la deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania a Rusia, lo que supone un crimen de guerra según el tratado de este tribunal, el Estatuto de Roma.
Los delitos de los que se le acusa ocurrieron al menos desde el 24 de febrero de 2022 en el “territorio ocupado de Ucrania”, según la CPI, que considera que hay “motivos razonables” para creer que Putin tiene “responsabilidad penal individual” por el crimen de guerra que supone la deportación de menores.
Mongolia firmó el tratado de la CPI en 2000, lo ratificó en 2002 y es un Estado miembro desde 2003. El pasado junio, el país reafirmó su apoyo “inquebrantable” a esa corte, junto con otros 92 miembros. La CPI y la Unión Europea han recordado al país asiático que está sujeto a las obligaciones que impone ser miembro de ese tribunal.
¿Qué puede hacer la CPI?
En la práctica, la Corte Penal Internacional carece de un mecanismo de ejecución eficaz, y los Estados miembros pueden estar exentos de realizar detenciones si hacerlo entra en conflicto con ciertas obligaciones del tratado o con la inmunidad diplomática. Si Mongolia no reacciona, la CPI podría remitir el caso a la Asamblea de los Estados Partes.
Esa asamblea, que se reúne una vez al año, a su vez podría condenar la violación de Mongolia a través del llamado “procedimiento de incumplimiento”. Sin embargo, las eventuales sanciones de la asamblea se limitan esencialmente a una amonestación verbal.
Otra opción sería que el tribunal lo remita al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), lo que implicaría consecuencias desde el punto de vista jurídico, diplomático y de reputación.
