El Gobierno ha presentado en el Congreso un anteproyecto que grava con un recargo del 100 % a los residentes de fuera de la Unión Europea que adquieran segundas residencias o inmuebles destinados al alquiler vacacional. La norma se enmarca en un paquete más amplio para abaratar el acceso a la vivienda: eleva el IVA aplicado a los arrendamientos de corta estancia, castiga las casas desocupadas con un tributo específico y aumenta las cargas sobre los fideicomisos inmobiliarios cotizados. El Ejecutivo defiende que, solo en 2023, los no comunitarios compraron unas 27.000 propiedades un 8,2 % del total de transacciones y que la presión turística ha reducido el parque residencial disponible en muchas ciudades y zonas costeras.
La iniciativa ha sido recibida con hostilidad por la prensa británica, que la califica de “polémica” y advierte de que perjudicará a miles de compatriotas. The Daily Mail y The Telegraph subrayan que los británicos son el primer colectivo extranjero en el mercado español y temen que el doble gravamen disuada futuras compras. En paralelo, Londres critica que España obligara a Airbnb a retirar más de 65.000 anuncios sin licencia, una decisión que el Ministerio de Derechos del Consumidor justifica por tratarse de ofertas irregulares. Aunque el Gobierno argumenta que la medida no afectará a empresarios ni a profesionales del sector, agentes inmobiliarios alertan de que la combinación de impuestos y restricciones podría enfriar la demanda internacional y encarecer la financiación de nuevos proyectos residenciales. Entretanto, las asociaciones vecinales celebran un plan que, según afirman, «por fin prioriza a quienes necesitan un hogar frente a la especulación turística».
