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Tras las sanciones impuestas a los medios rusos, como RT, la propaganda del Kremlin ha adoptado nuevas tácticas. En lugar de utilizar plataformas tradicionales financiadas directamente por Moscú, ahora se canalizan decenas de millones de dólares a través de empresas emergentes de medios. Estos fondos se distribuyen mediante donaciones secretas y pagos opacos, evadiendo sanciones y lavando dinero. Este modelo permite eludir los controles aplicados a los medios convencionales, transformando a los nuevos actores en vehículos de desinformación financiada por Rusia.
La Fiscalía de Nueva York destapa la trama
Un auto de imputación emitido este lunes por la fiscalía de Nueva York revela que, pese a las restricciones impuestas desde marzo de 2022, Rusia continúa utilizando su medio estatal RT para dirigir propaganda hacia audiencias en Occidente. La red de desinformación incluye un «imperio de proyectos encubiertos», según Margarita Simonián, directora de RT, cuyo objetivo es influir en la opinión pública occidental.
Dividir a la sociedad estadounidense como estrategia
El objetivo principal de esta trama es explotar las divisiones internas en Estados Unidos para debilitar la oposición a los intereses de Rusia, particularmente en relación con la guerra en Ucrania. Para ello, se contrató a comentaristas estadounidenses de renombre, como Benny Johnson y David Rubin, conocidos por sus posturas populistas y críticas hacia el Gobierno de EE.UU. y sus instituciones.
Algunos de estos comentaristas han declarado desconocer los pagos provenientes de Rusia, afirmando ser víctimas de un fraude. Sin embargo, el auto de imputación revela que uno de ellos cobraba hasta 400.000 dólares al mes, mientras que otro recibía 100.000 por cada vídeo publicado, aunque no se especifican sus identidades.
Tenet: el portal de desinformación emergente
Tenet, que comenzó a operar en noviembre de 2023, acumuló más de 16 millones de visitas en YouTube y produjo más de 2.000 vídeos. Según la fiscalía, la mayor parte de sus ingresos proviene de RT, lo que lo convierte en un nuevo canal de propaganda rusa en Occidente.
Si bien no es ilegal publicar información favorable a Rusia, la fiscalía argumenta que Kalashnikov y Afanasyeva lavaron dinero y eludieron sanciones para financiar estas operaciones. Además, no se registraron como empleados de un gobierno extranjero, lo cual es un requisito legal en EE.UU., y su incumplimiento es equivalente a realizar operaciones de espionaje.
Entidades fantasmas y contratos falsos
El caso también incluye la creación de entidades fantasma y contratos ficticios. Los imputados inventaron a un inversor llamado Eduard Grigoriann, quien supuestamente tenía amplia experiencia internacional, y utilizaron esta identidad falsa para realizar pagos a los directivos del portal de vídeos. Las promesas de pagos elevados, que llegaban a dos millones de dólares anuales para algunos influencers, eran parte clave del reclutamiento de figuras mediáticas.
