Túnez enfrenta un futuro incierto tras las elecciones presidenciales que, según los resultados preliminares, otorgan una aplastante victoria al actual presidente, Kaïs Saïed, con un 90.7% de los votos. Sin embargo, la baja participación del 28.8% destaca las profundas divisiones en el país. Este contexto genera serias preocupaciones sobre la creciente represión y el retroceso democrático en la nación norteafricana.
La campaña electoral estuvo marcada por la controversia judicial, acusaciones de manipulación y represión de la oposición, con varios líderes opositores encarcelados o excluidos del proceso electoral. Uno de los tres candidatos permitidos, Ayachi Zammel, compitió desde la cárcel tras ser condenado por falsificación de documentos electorales. Estas medidas han sido vistas como un esfuerzo para despejar el camino hacia la reelección de Saïed.
Durante su intervención en la televisión nacional, Saïed expresó que su victoria es una continuación de la revolución y prometió «limpiar el país de corruptos, traidores y conspiradores». Este tipo de discurso ha generado preocupación en la comunidad internacional y en organizaciones de derechos humanos. Bassam Khawaja, de Human Rights Watch, advirtió que «la democracia en Túnez está en un completo retroceso» tras la campaña de represión contra la sociedad civil, los medios independientes y los opositores políticos.
Los últimos meses han sido testigos de un resurgimiento de las protestas en las calles de Túnez, con ciudadanos manifestando su rechazo a las políticas de Saïed, a quien acusan de erosionar los avances democráticos logrados desde la revolución de 2011. Desde su toma de poder en julio de 2021, cuando cerró el parlamento y destituyó al primer ministro, Saïed ha consolidado su control sobre el país, lo que ha suscitado críticas tanto dentro como fuera de Túnez.
Además de los arrestos y exclusiones de candidatos, la campaña estuvo empañada por la falta de observadores electorales y la eliminación de parte de la supervisión judicial del proceso, lo que provocó denuncias de fraude electoral. De los 17 candidatos que se postularon, solo tres fueron autorizados por la autoridad electoral, considerada leal a Saïed, mientras que los recursos de los candidatos excluidos fueron ignorados por el gobierno.
La participación electoral, una de las más bajas en la historia reciente de Túnez, refleja la apatía y la desilusión de la población con el sistema político actual. Muchos optaron por boicotear las elecciones, mientras que Saïed movilizó a su base de apoyo, compuesta en gran parte por los sectores de seguridad y los que dependen del estado para su sustento.
En el plano internacional, la Unión Europea, que ha respaldado al gobierno tunecino mediante ayudas financieras destinadas a frenar la migración hacia Europa, ha evitado pronunciarse sobre las irregularidades en el proceso electoral. Las autoridades tunecinas afirman haber interceptado a más de 21,000 personas con destino a Europa en lo que va del año, lo que ha mantenido la cooperación con la UE centrada en la gestión migratoria, pese a las preocupaciones sobre derechos humanos.
A medida que Saïed se consolida en el poder, muchos temen que la represión se intensifique. Analistas como Hatem Nafti creen que su gobierno continuará justificando las crisis del país, como la escasez de alimentos y agua, culpando a supuestos traidores o fuerzas externas. Saïed prometió un Túnez mejorado, pero, según sus críticos, lo que se avecina son nuevas oleadas de represión y encarcelamientos.