En un caso sin precedentes, la presidenta del tribunal civil de Lorient, en Francia, ha dictaminado que la expulsión de una monja de su monasterio fue un “despido improcedente”. Este fallo establece un nuevo estándar al equiparar la vocación religiosa con una relación laboral y representa una inusual injerencia en los asuntos internos de la Iglesia.
La historia de Sor Marie
La sentencia afecta a Sabin Baudin de la Valette, también conocida como Sor Marie Ferréol, quien fue expulsada de la Comunidad de Hermanas Dominicas del Espíritu Santo después de 34 años de servicio en el monasterio de Pont Calec, en la Bretaña. La corte determinó que la exreligiosa, de 57 años, tiene derecho a una indemnización de más de 200.000 euros por daños morales, tras haber sido despojada de su vida en la comunidad sin justificación suficiente y sin oportunidad de defenderse.
Una mirada crítica
El conflicto comenzó en 2011 cuando Sor Marie Ferréol denunció presuntos abusos y sucesos inaceptables en la vida diaria del monasterio. Este señalamiento envenenó el ambiente comunitario y llevó al Papa Francisco a encargar una investigación apostólica al cardenal Marc Ouellet en 2020.
La expulsión del monasterio
Tras una exhaustiva indagación que involucró a todas las religiosas y a diversas personas vinculadas al monasterio, el cardenal Ouellet, junto con sus colaboradores, decidió la expulsión de Sor Marie Ferréol en octubre de 2020, argumentando supuestas “mentiras y simulaciones”, así como por “mal espíritu” y por crear un “clima de sospecha y de miedo” que habrían provocado un clima de desconfianza en la comunidad.
La exreligiosa afirma que fue informada de su expulsión de manera repentina y trasladada a otro monasterio sin oportunidad de defenderse ni de asimilar la decisión. En respuesta, presentó una denuncia contra el cardenal y sus colaboradores por los daños materiales y morales sufridos.
Abuso de poderes
El tribunal civil de Lorient ha fallado a favor de Sor Marie Ferréol, declarando que su expulsión fue injusta y violó los procedimientos adecuados. Se ha ordenado una indemnización de más de 200.000 euros, culpando al cardenal Ouellet y sus colaboradores por abuso de derecho y falta de imparcialidad.
Este hito legal subraya la compleja intersección entre la ley civil y los asuntos eclesiásticos y plantea interrogantes sobre la autoridad y la responsabilidad de la Iglesia en la gestión de sus miembros.
