Entre 1997 y 2013, cerca de 1.500 menores tuteladas en el Reino Unido fueron víctimas de abusos sexuales, muchos de ellos perpetrados por hombres de origen inmigrante. Este caso, que salió a la luz gracias a un informe de 2014, vuelve a cobrar relevancia política y judicial, complicando la posición del actual primer ministro Keir Starmer, quien dirigió el Ministerio Público entre 2008 y 2013.
El escándalo tiene su epicentro en Rotherham, al norte del país, donde las agresiones masivas dejaron una profunda cicatriz en la sociedad británica. En septiembre de 2023, siete hombres fueron condenados a penas de entre 6 y 25 años por violar a dos menores, de 11 y 16 años, residentes en hogares de acogida. Estas sentencias son parte de un proceso judicial que sigue exponiendo los horrores de un sistema que falló en proteger a las víctimas.
La polémica se intensificó recientemente con las declaraciones de Elon Musk, empresario y figura clave en el entorno de Donald Trump, quien acusó a Starmer de no actuar contra estas violaciones cuando lideraba la Fiscalía. Musk, a través de sus redes sociales, calificó los hechos como “crímenes terribles contra el pueblo británico” y sugirió que Starmer ignoró deliberadamente las denuncias. “Para cualquiera que dude de la gravedad de estos crímenes, les insto a leer las transcripciones de los juicios. Yo lo hice”, afirmó Musk, añadiendo que la Policía incluso arrestó a padres que intentaron rescatar a sus hijas de estos ataques.
A estas críticas se sumó la escritora J.K. Rowling, quien acusó a la izquierda británica de intentar silenciar el caso. Según ella, el enfoque político de Starmer y su partido ha buscado minimizar el impacto del escándalo para proteger su imagen pública.
El informe de 2014 señaló no solo la magnitud de los abusos, sino también las fallas sistémicas en las instituciones responsables de proteger a las menores. La Policía y los servicios sociales fueron señalados por su inacción, a menudo atribuida al temor de ser acusados de racismo, ya que muchos de los perpetradores eran de origen asiático. Este enfoque erróneo permitió que los abusos continuaran durante años, dejando a las víctimas en un estado de vulnerabilidad extrema.
El caso de Rotherham no solo es un recordatorio de los fallos institucionales, sino también una advertencia sobre cómo el miedo a las implicaciones políticas puede obstaculizar la justicia. Para Starmer, el pasado regresa con fuerza, poniendo en tela de juicio su liderazgo tanto en el ámbito judicial como en el político. Las recientes condenas y las declaraciones de figuras influyentes han reavivado un debate nacional sobre la protección de los menores y la responsabilidad de quienes estaban en el poder durante el periodo en que ocurrieron estos abusos.
