La reciente detención de un grupo, compuesto presuntamente por ciudadanos iraníes acusados de planear un atentado contra la embajada israelí en Londres, coincide con una intensa ofensiva política que busca clasificar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) como grupo terrorista en el Reino Unido. Aunque los hechos aún son vagos, el historial de acusaciones no verificadas sugiere que esta narrativa tiene fines políticos.
El 7 de mayo, The Telegraph reportó que cinco personas habían sido arrestadas en lo que el ministro del Interior calificó como una de las “más grandes operaciones antiterroristas recientes”. Cuatro de los sospechosos eran iraníes, y fueron capturados bajo el artículo 5 de la Ley de Terrorismo de 2006 por un supuesto intento de atacar la embajada israelí.
El informe generó desconfianza pública debido a sus inconsistencias. Aunque se dijo que el ataque era inminente, los arrestos ocurrieron en diferentes ciudades, algunas ubicadas a más de cuatro horas de Londres. Esta disparidad temporal-geográfica hizo surgir teorías sobre un montaje, mientras medios conservadores usaron el incidente para fomentar discursos antiinmigración. Kevin O’Sullivan, en Talk TV, advirtió frenéticamente sobre un nuevo “Southport”, reavivando tensiones racistas. El estatus migratorio de los detenidos pasó a primer plano en los discursos de comentaristas de derecha.
Simultáneamente, el lobby pro-israelí relanzó su exigencia de declarar terrorista al IRGC. Progressive Britain, grupo próximo al laborismo blairista, publicó el 28 de abril un artículo en ese sentido, firmado por Jemima Shelley, miembro de Labour Friends of Israel y analista en United Against Nuclear Iran (UANI).
UANI, aunque se presenta como organización neutral, tiene claras conexiones proisraelíes: fue presidida por Jeb Bush y cuenta con figuras como Pete Hegseth y el difunto jefe del Mossad Meir Dagan. El líder ultraderechista Nigel Farage también se sumó a la campaña, alegando que “amigos en Oriente Medio” están sorprendidos de que el IRGC aún no haya sido proscrito.
El jefe del MI5, Ken McCallum, reforzó esta narrativa el 8 de octubre de 2024 al declarar que, desde la muerte de Mahsa Amini, han neutralizado 20 complots “respaldados por Irán”. Aunque afirmó que el MI5 no politiza el terrorismo, sus palabras centraron peligrosamente la atención en los adversarios estratégicos: Rusia, China e Irán. Ninguna evidencia concreta se presentó para sustentar la autoría iraní.
Estas acusaciones se basan frecuentemente en vínculos circunstanciales o en la animadversión de Teherán hacia ciertos individuos, como en el caso de Magomed Dovtaev, ciudadano austriaco condenado en 2023 por grabar la sede del canal Iran International. Dovtaev aseguró que actuaba por motivos personales, pero fue igualmente acusado de colaborar con el terrorismo.
En marzo, el ministro Dan Jarvis repitió la cifra de “20 complots iraníes” y responsabilizó tanto al IRGC como al Ministerio de Inteligencia iraní. Según él, Irán usa intermediarios criminales para ejecutar sus planes desde la sombra. Estas acusaciones, sin embargo, carecen de pruebas verificables y se repiten con un patrón ya conocido.
La situación actual recuerda al atentado de 1994 contra la embajada israelí en Londres. Cinco palestinos fueron detenidos, y dos condenados —Botmeh y Alami— pese a no existir pruebas directas en su contra. Amnistía Internacional denunció un proceso judicial opaco y parcial, sin acceso a la información clave para la defensa.
El periodista Robert Fisk escribió en The Independent que el juicio fue “desconcertante” desde el principio. Hubo acusaciones retiradas, coartadas ignoradas, y el misterioso personaje Reda Moghrabi, señalado como provocador, desapareció sin dejar rastro. Incluso el grupo “responsable” del atentado, el “Equipo de Jaffa”, nunca más volvió a aparecer.
Ambos acusados fueron liberados antes de tiempo, y luego se supo por filtraciones del MI5 que había documentos ocultos que señalaban una posible implicación del Mossad en el montaje del atentado, con el objetivo de exigir mayor seguridad para su embajada.
A día de hoy, no hay evidencia sólida que vincule a los detenidos iraníes con un plan de ataque. Aun así, los medios británicos y ciertos parlamentarios han utilizado el caso para presionar en la campaña de proscripción del IRGC. El canciller iraní, Abbas Araghchi, ha rechazado cualquier implicación y ha pedido garantías de debido proceso para los arrestados.
Mientras tanto, The Guardian ha dado visibilidad a voces que consideran el caso como prueba de que Irán amenaza a disidentes en el exilio. Esta línea mediática refuerza la idea de que cualquier actividad sospechosa automáticamente debe estar vinculada a Teherán, lo cual distorsiona los hechos.
Al apresurarse a inculpar al IRGC sin pruebas contundentes, Reino Unido reproduce la misma práctica que critica en sus adversarios: politizar la seguridad. Este patrón se repite siempre que los intereses de Tel Aviv o Washington exigen aumentar la presión sobre Irán.
