A dos meses de las elecciones presidenciales del 28 de julio, que según el Consejo Nacional Electoral (CNE) resultaron en la reelección de Nicolás Maduro, la situación política en Venezuela se ha intensificado considerablemente. Desde el 29 de julio, cuando se anunciaron los resultados, el país ha vivido una serie de protestas y detenciones, con casi dos mil personas encarceladas por razones políticas, según datos de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Detenidos por razones políticas
Hasta el 23 de septiembre, la ONG Foro Penal registró un total de 1.867 detenidos por motivos políticos. Este grupo está compuesto mayoritariamente por hombres (1.637), aunque también incluye a 230 mujeres, 68 adolescentes y 159 militares. Estas detenciones se han realizado por protestas o simplemente por estar en la calle, sin haber participado activamente en manifestaciones. De este total, 151 personas han sido condenadas.
Los detenidos no solo han sido manifestantes comunes, sino también actores políticos, periodistas y defensores de derechos humanos. Entre ellos, 64 políticos, 18 periodistas y cinco activistas de derechos humanos han sido interceptados sin órdenes judiciales claras.
Uno de los casos más significativos en esta oleada de detenciones es el de Pedro Guanipa, vicepresidente de Organización del partido Primero Justicia en Zulia y jefe del Despacho de la Alcaldía de Maracaibo. Guanipa fue detenido cuando se disponía a viajar a Bogotá, Colombia, sin motivos legales claros, según denunció su hermano Tomás Guanipa. A finales de agosto, durante la manifestación «Acta mata sentencia» convocada por Machado, Juan Pablo Guanipa también fue perseguido, aunque logró escapar, mientras que su hermano Pedro se une ahora a la lista de 11 miembros de Primero Justicia encarcelados.
La represión no se limita a actores políticos. Según la Alianza Rebelde Investiga (ARI), hasta finales de agosto se contabilizaban 17 periodistas detenidos, de los cuales siete ya han sido liberados. Entre los casos más destacados están los de Víctor Ugas, arrestado tras un altercado con un tiktoker oficialista, y Virmalia García, detenida poco después por su relación con Ugas.
Además de periodistas, los defensores de derechos humanos también han sido objetivo de la represión. Cinco activistas han sido arrestados en todo el país, aunque dos de ellos ya han sido liberados. A pesar de los esfuerzos de las organizaciones de derechos humanos, el número de detenidos sigue aumentando.
Violaciones a los derechos humanos
La comunidad internacional ha comenzado a tomar nota de la situación en Venezuela. El informe de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU, presentado en Ginebra el 20 de septiembre, expone graves violaciones a los derechos humanos en las detenciones políticas. Según el informe, muchas de las detenciones se realizaron sin órdenes judiciales, y en la mayoría de los casos se negó a los detenidos el derecho a una defensa privada, imponiéndoles la defensa pública.
El informe también denuncia prácticas de tortura utilizadas contra los detenidos, como golpes, descargas eléctricas, asfixia y privación de sueño, además de las pésimas condiciones de reclusión. En cárceles como El Rodeo I y Yare III, los presos políticos enfrentan aislamiento, escasez de alimentos y agua, y restricciones arbitrarias en las visitas.
