Imagen: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump / Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA
El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha firmado este jueves una orden ejecutiva en el Despacho Oval con la que pretende sancionar al personal de la Corte Penal Internacional (CPI) que haya participado en causas contra Washington, ciudadanos estadounidenses o aliados como Israel. El mandatario expone en ese documento que la CPI ha emprendido “acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos e Israel, a quien define como un “aliado estrecho”. También dice que el organismo “ha abusado aún más de su poder al emitir órdenes de arresto infundadas” contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Galant.
Las penalizaciones incluyen sanciones económicas como la congelación de bienes en territorio estadounidense, o como la dificultad de obtener visados para viajar a EE.UU. a individuos de la CPI que colaboren en investigaciones del tribunal que afecten a ciudadanos estadounidenses o a aliados de Washington. El documento entiende por aliado el gobierno de un país miembro de la OTAN o de un socio destacado que no pertenezca a esa organización.
La orden ejecutiva habla de una “conducta maligna” de la Corte Penal Internacional que, en su opinión, “amenaza con infringir la soberanía de Estados Unidos y socava la labor crítica de seguridad nacional y política exterior del Gobierno estadounidense” y de sus aliados.
La firma de la orden ejecutiva llega justo cuando Netanyahu se encuentra en Washington para reunirse con las autoridades estadounidenses. El primer ministro hebrero ya se vio con Trump en la Casa Blanca el martes, y ambos líderes ofrecieron una rueda de prensa conjunta en la que el presidente estadounidense lanzó la propuesta de “tomar el control de Gaza”. Los planes de Trump para este territorio pasan por deportar a todos los palestinos de la franja, trasladarlos a otros países y hacer de la Franja de Gaza “la Riviera de Oriente Próximo”, en palabras del republicano.
Trump ha había tomado medidas contra la CPI
En 2020, durante su primer mandato, Trump ya impuso sanciones contra la entonces fiscal de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda y uno de sus principales asesores debido a una investigación del tribunal sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán.
El republicano ya había advertido durante su campaña electoral de nuevas medidas contra la CPI. En diciembre, el presidente del tribunal, el juez Tomoko Akane, había advertido que la imposición de sanciones estadounidenses “socavaría rápidamente las operaciones de la corte en todos los casos y situaciones, y pondría en peligro incluso su propia existencia”.
El TPI comenzó a funcionar en 2002 como la única instancia permanente para juzgar crímenes de guerra y contra la humanidad, delitos de genocidio y agresión territorial cuando los Estados miembros no quieren o pueden hacerlo por sí mismos. Cuenta con el apoyo de numerosos países y la Unión Europea, pero no el de naciones como Estados Unidos, Rusia, China o Israel. Todos ellos temen que se pudiera utilizar esta institución para juzgar a sus ciudadanos por motivos políticos.
