Imagen: Lula Da Silva, presidente de Brasil-EFE
La policía brasileña ha detenido este martes a un general retirado y ex alto cargo en el Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022) y otros cuatro miembros de las fuerzas de seguridad del país acusados de planificar el asesinato, a finales de 2022, del entonces presidente electo, Lula da Silva, y de su vicepresidente, Geraldo Alckmin. Además del general, que fue número dos de la secretaría general de la Presidencia, han sido arrestados tres tenientes coroneles y un policía federal, según la Policía Federal.
La trama, parte de un intento de golpe de Estado para impedir el regreso de Lula al poder, también incluía la detención y posterior asesinato del juez Alexandre de Moraes, que en ese momento presidía el Tribunal electoral y es miembro del Tribunal Supremo.
La revelación por parte de la Policía Federal de los planes de asesinato ha coincidido con el segundo día de la cumbre del G-20, que reúne en Río de Janeiro a los líderes de las principales economías del mundo.
El general que trabajaba en Presidencia elaboró el plan para matar a Lula en el palacio de Planalto, donde despachan los mandatarios. Varios de los sospechosos pertenecen a un grupo llamado kids pretos (chavales negros), formado por militares de la órbita del expresidente Bolsonaro entrenados en las fuerzas especiales.
La investigación policial señala que los sospechosos elaboraron sus planes a partir de una reunión que se celebró en diciembre de 2022, el mes previo a la toma de posesión de Lula, en casa del militar retirado Walter Braga Netto, que fue ministro de Defensa con Bolsonaro. Braga Netto es uno de los generales acusados por la policía hace meses de urdir un golpe de Estado. El expresidente de la derecha radical es otro de los investigados por la trama y está sometido a medidas cautelares, como la retirada del pasaporte y la prohibición de viajar al extranjero.
El plan consistía en envenenar a Lula
La acusación policial señala que los arrestados barajaron la idea de envenenar a Lula: “Para la ejecución del presidente Lula y teniendo en cuenta su vulnerabilidad de salud y sus frecuentes visitas a los hospitales, sopesaron la posibilidad de recurrir al envenenamiento o al uso de productos químicos para provocar un colapso orgánico”. También elaboraron un amplio listado de armamento para llevar a cabo sus planes.
Tras la derrota electoral de Bolsonaro, el núcleo más radical de sus seguidores reclamó una intervención militar y, en enero de 2023, cuando Lula llevaba una semana de vuelta a la presidencia, asaltaron violentamente la Presidencia, el Congreso y el Supremo. Más de 200 personas han sido condenadas y encarceladas por participar en los actos golpistas, pero ninguno de los acusados de organizarlos, instigarlos o financiarlos se ha sentado por ahora en el banquillo.
