Durante más de una década, Turquía ha mutado silenciosamente de Estado vigilante a refugio predilecto de mafias globales, narcotraficantes, ciberdelincuentes y fugitivos internacionales. La evidencia más reciente no viene de un medio opositor, sino de una carta oficial del propio ministro del Interior, Ali Yerlikaya, dirigida al Parlamento.
En ella, Yerlikaya ,quien controla tanto la Policía como la Gendarmería, presume que entre junio de 2023 y agosto de 2024 fueron neutralizadas 660 organizaciones delictivas. Pero en su intento por exaltar logros, también destapa una verdad perturbadora: estas redes florecieron durante años con la aparente complacencia del Estado.
Según un documento obtenido por el medio digital Nordic Monitor, en ese periodo se ejecutaron 1.600 redadas, con 11.635 detenciones y más de 4.500 encarcelamientos. Sin embargo, el ministro omitió datos clave: cuántos fueron realmente condenados. En la práctica, la mayoría de los capturados son liberados en audiencias preliminares. Las absoluciones abundan, producto de la politización de la justicia y los lazos entre mafias y altos cargos.
A simple vista, el informe parece demostrar eficacia. Pero si se observa con atención, revela una falla institucional grave: ¿cómo pudieron estas redes prosperar tan abiertamente, con estructuras financieras, arsenales, contactos políticos y activos millonarios? ¿Por qué sólo ahora se actúa, pese a las alertas de países aliados durante años?
Lo más inquietante es que los 660 grupos detectados corresponden solo a un periodo de 14 meses. El texto no aclara cuántos operaban antes ni cuántos siguen activos. Mientras tanto, Yerlikaya celebra semanalmente en su cuenta X el desmantelamiento de nuevas bandas, lo que sugiere que el verdadero volumen del crimen organizado en Turquía es mucho mayor.
Expertos acusan al gobierno de concentrarse en peones mientras protege a los verdaderos estrategas. Las mafias, lejos de esconderse, operaban a plena luz, con la pasividad —cuando no complicidad— de las fuerzas del orden. La omisión no es casual: muchos cuerpos policiales han recibido directrices políticas para mirar hacia otro lado.
Esto pone en tela de juicio la independencia del poder judicial y de las agencias de inteligencia. Ambas han sido absorbidas por el aparato del presidente Recep Tayyip Erdogan y su socio ultranacionalista, Devlet Bahçeli. Este último ha sido tildado de “padrino institucional” por su supuesto rol en proteger redes mafiosas desde la cúspide del Estado.
Los operativos policiales dejaron al descubierto un arsenal propio de una guerra: 545 rifles automáticos, casi 10.000 pistolas y 19 granadas de mano. También se incautaron toneladas de drogas, documentos apócrifos y más de 6.000 pagarés utilizados para extorsiones y coacción financiera.
El crimen organizado en Turquía no es simplemente una amenaza delictiva: es un riesgo sistémico. El propio ministerio admite que identidades falsas circulaban masivamente y que las bandas se infiltraron en instituciones públicas. No se trata solo de arrestar delincuentes, sino de purgar el Estado.
Yerlikaya aseguró que “ningún funcionario está exento de ser investigado”, pero su afirmación pone en evidencia la profundidad de la podredumbre. La carta no especifica cuántos empleados estatales han sido investigados o procesados. ¿Quién vigila a los vigilantes? ¿Dónde están los mecanismos de control?
Y lo más grave: la red criminal no se limita a delincuentes locales. Turquía se ha vuelto un paraíso para prófugos internacionales, algunos de los cuales han recibido ciudadanía y protección oficial. El ministerio admitió que 552 personas buscadas por INTERPOL fueron capturadas en 14 meses. Pero, ¿cómo llegaron a instalarse allí en primer lugar?
La oposición apunta directamente al dinero. Para ellos, el Estado permite la presencia de criminales a cambio de inyecciones de capital. El legislador Cevdet Akay afirma que más de 76.700 millones de dólares en fondos de origen desconocido entraron en el país durante los 20 años de Erdogan en el poder. En comparación, entre 1984 y 2001 solo se registraron 1.700 millones.
Los líderes criminales presuntamente pagan por “protección” a funcionarios turcos para operar con impunidad. Entre los beneficiados se señala a Erdogan y su entorno, incluyendo a Mehmet Ağar, exministro del Interior, quien sería un operador clave en el vínculo entre gobierno y crimen.
El caso de Cemil Önal, contador de una red mafiosa en el norte de Chipre, revela hasta qué punto llega la corrupción. Önal, asesinado el 1 de mayo en La Haya, había revelado un complejo esquema de lavado de dinero dirigido por la organización de Halil Falyalı. En grabaciones compartidas antes de morir, mencionó sobornos a funcionarios de alto rango, incluidos el exvicepresidente Fuat Oktay y el exministro Süleyman Soylu. También aludió a vídeos comprometedores del hijo de Erdogan y de Erkam Yıldırım, heredero del ex primer ministro. Ninguna investigación fue abierta en Turquía.
El asesinato de Önal no es un caso aislado. Es apenas una hebra de una red densa de crimen, sobornos y encubrimiento. Y si algo ha quedado claro, es que el sistema judicial no está diseñado para erradicar estas tramas, sino para perpetuar su invisibilidad.
Cuando Turquía detiene a criminales internacionales, no lo hace por convicción, sino por presión externa. Solo cuando los escándalos trascienden y el costo diplomático se vuelve insostenible, el gobierno actúa —y siempre dejando intactas las redes domésticas que permiten a estos fugitivos operar.
Estas acciones son utilizadas luego como propaganda: sirven para lavar la imagen del régimen frente a organismos internacionales y desviar críticas internas. Pero no desmantelan estructuras; solo eliminan fichas prescindibles del tablero.
Mientras tanto, los verdaderos capos siguen manejando las operaciones desde las sombras, muchas veces con pasaporte turco, activos protegidos y vínculos con instituciones del Estado. El aparato de seguridad, lejos de ser un muro de contención, se ha convertido en parte de la maquinaria.
La narrativa oficial vende estas redadas como logros. Pero los datos y las omisiones revelan otra historia: un país donde las mafias no sólo encontraron abrigo, sino que ayudaron a cimentar un modelo de poder sostenido por corrupción, silencio y represión selectiva
