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Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia ha presentado un escrito de acusación contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez por presuntamente ser el instigador de delitos de soborno a testigos y fraude procesal, según informó la Fiscalía. Este proceso marca un hito al tratarse del primer juicio al que se enfrenta un expresidente en la historia del país.
Una posible condena de ocho años
El exmandatario, de 71 años, siempre ha sostenido su inocencia y ahora se enfrenta a una posible pena de hasta ocho años de prisión, en un caso que él mismo inició y que ha vuelto en su contra.
Cronología de los hechos
El caso se remonta a 2012, cuando Uribe presentó una denuncia contra el congresista de izquierda Iván Cepeda, a quien acusó de urdir un complot con testigos falsos para vincularlo con grupos paramilitares responsables de graves violaciones de derechos humanos. Sin embargo, la investigación de la Corte Suprema no solo descartó las acusaciones contra Cepeda, sino que llevó a investigar a Uribe en 2018, sospechando que fue él quien manipuló testigos.
En agosto de 2020, la Corte Suprema ordenó el arresto domiciliario del exmandatario mientras avanzaba en la investigación. Luego, Uribe renunció a su escaño en el Senado y el caso pasó a un tribunal ordinario, que levantó la medida de detención y reanudó el proceso.
Varios intentos de archivar el caso
La fiscalía general, que recientemente cambió de dirección, ha solicitado en varias ocasiones archivar el caso, pero diversos jueces han rechazado esta petición al considerar que hay suficiente evidencia para llevar a Uribe a juicio. Este proceso se basa, entre otras pruebas, en las declaraciones de un exparamilitar que asegura haber recibido mensajes de Cadena y otros intermediarios de Uribe pidiendo un cambio en su testimonio: “esta determinación tuvo en cuenta nuevos elementos de prueba, como las declaraciones de Juan Guillermo Monsalve”
Otras investigaciones contra el expresidente
Este caso se suma a otras investigaciones que rodean a Uribe, incluyendo una pesquisa por su presunto conocimiento anticipado de una masacre y el asesinato de un defensor de derechos humanos, así como una denuncia en un tribunal argentino por su presunta responsabilidad en ejecuciones (más de 6.000) y desapariciones forzadas de civiles durante su gobierno. No obstante, Argentina aún no se ha pronunciado sobre este caso.
