La Fiscalía Anticorrupción ha destapado la causa sobre el presunto amaño en los concursos públicos que se estaban llevando a cabo en la Selae (Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado), tras recibir la alerta de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, que también salpica directamente a la ministra María Jesús Montero.
Recientemente se ha conocido que esta trama dentro de Selae estaría presuntamente amañando los concursos públicos, diseñados específicamente para beneficiar a personas concretas dentro del proceso de obtención de licencias. Estas licencias, según ha trascendido, permiten a los adjudicados dirigir 52 delegaciones comerciales pertenecientes a la Selae, un departamento que depende del Ministerio de Hacienda, liderado por María Jesús Montero.
Estos contratos públicos tienen un impacto económico muy considerable, con una partida destinada a estas licitaciones que asciende a 25 millones de euros anuales. La trama ha puesto el foco en la ministra socialista y en el funcionamiento del Ministerio de Hacienda. La existencia de esta red de corrupción ha salido a la luz gracias a la denuncia realizada por la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción.
El documento de la oficina detalla que, a raíz del análisis de un informe, se han detectado una serie de “irregularidades y presuntas actividades delictivas” relacionadas con los contratos de servicio de gestión de las delegaciones comerciales del Selae.
El beneficiario de esta adjudicación recibe 25 millones de euros anuales
Uno de los puntos clave que destaca la investigación es la presunta trama de corrupción destinada a favorecer de manera “directa y arbitraria” a ciertos licitadores, en violación de los principios de “transparencia, igualdad y libre concurrencia”. Un ejemplo de beneficiado por esta trama es la delegación de Cuenca, que no cumple con los requisitos mínimos establecidos para obtener la licencia. De manera similar, la delegación de Sevilla, a pesar de presentar deficiencias similares, también ha logrado obtener el contrato público.
El documento presentado ante la Fiscalía Anticorrupción también señala un presunto delito de falsedad documental y ocultación de información. Se ha detectado que los participantes de la trama presentaron datos falsificados durante los procesos de licitación, con el objetivo de justificar las adjudicaciones ante instancias superiores. Además, se ha encontrado una falta de transparencia en los informes de competencias, los cuales son inexistentes.
La explotación de la delegación comercial de Loterías y Apuestas del Estado se obtiene a través de un concurso público. Quien recibe esta adjudicación se convierte en el delegado de la provincia que debe gestionar. Estos puestos de delegado son altamente cotizados debido a los importantes beneficios económicos que puede llegar a percibir la persona que obtiene la adjudicación.
