Imagen: Isabel Díaz Ayuso en el acto conmemorativo de la Constitución Española. Marta Fernández / Europa Press
La presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso ha rectificado y ha afirmado que su Gobierno sí firmará el programa María Goyri mediante el cual se permitía la contratación de 1.091 profesores que luego serían estabilizados. Lo ha hecho minutos antes de reunirse con los rectores para hablar de la “situación crítica” de las universidades madrileñas, pese a que el consejero de Educación de Ayuso ha estado hablando de “convenio trampa” y “extorsión” durante semanas.
La Comunidad de Madrid ha sido la única región que se quedaba fuera del acuerdo, pese a haber dicho que sí a comienzos de verano. Con este convenio, el Gobierno central se compromete a pagar el sueldo de 656 profesores durante seis años (169 millones) y la comunidad a otros 435 ayudantes (112 millones). Una vez pasado ese periodo, el Ejecutivo regional tiene que estabilizar a los 1.091 investigadores.
La noticia ha sorprendido a la ministra Morant en plena rueda de prensa del Consejo de Ministros. Preguntada por la novedad, ha replicado que “el convenio lo conoce la Comunidad de Madrid, está firmado con 16 comunidades, y lo que tiene que hacer es firmar, no marear. Si quiere rectificar, que lo haga de verdad y firme”. Los Gobiernos regionales tienen hasta mañana jueves para firmar el convenio y que este tenga efecto en 2024. Si no -como le ha sucedido a Castilla y León- entrará en vigor a partir de 2025.
Madrid era la única comunidad que había rechazado adherirse al convenio
El Ejecutivo regional había decidido no adherirse a ese convenio –que sí validaron el resto de comunidades autónomas, también las del PP– porque le obligaba a comprometer fondos propios y a asumir la parte del Gobierno dentro de seis años. La Consejería de Educación ha informado de que “ultima la firma del convenio (…)”, aunque luego matiza que “está trabajando para adaptarlo a la realidad de las seis universidades públicas de la región”. El aviso se produce apenas 24 horas después de que la ministra de Universidades Diana Morant reprochara a la presidenta Ayuso que fuera la única que no hubiera firmado el convenio.
La nota de la comunidad reprocha al Gobierno que “impone contratar (…) a una única figura docente, la de Profesor Ayudante Doctor [la de inicio de la carrera académica], que según los propios rectores madrileños no soluciona sus problemas de plantilla e incide en esa temporalidad que se pretende evitar. Además puede plantear problemas legales a medio plazo, ya que se obligaría a priorizar la estabilización de esta figura por delante de otras categorías como las de Profesor Titular de Universidad, Profesor Permanente Laboral o cualquier otra de las previstas en el ámbito académico universitario”, argumenta.
También la responsable de Universidades pidió encarecidamente a Ayuso que “rectifique y con ello se sume a la senda de la colaboración y entendimiento en defensa de las universidades públicas”.
