El debate sobre la inmigración ha centrado el Pleno de la Asamblea de Madrid, con un choque directo entre la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino. Mientras Vox exigía que Madrid se negara a acoger a los menores extranjeros no acompañados, Ayuso respondió con firmeza, dejando claro que su gobierno no puede incumplir la ley y debe garantizar la tutela de estos jóvenes.
“¿Cómo se les ocurre decir que yo puedo evitar que vengan, incumpliendo la ley? Menudo partido conservador”, replicó Ayuso con ironía a la representante de Vox, desmontando así la postura de la formación de Abascal, que en la Comunidad Valenciana, con el apoyo del presidente Carlos Mazón, ha pactado una serie de restricciones en materia migratoria, como la eliminación de ayudas a ONG que apoyan a los inmigrantes o el refuerzo de las pruebas de edad a los menores llegados de forma irregular.
Un punto intermedio: ni inmigración ilegal ni rechazo absoluto
Ayuso ha querido marcar diferencias con la política de su homólogo valenciano y con Vox, sin dejar de subrayar su rechazo a la inmigración ilegal y descontrolada. No obstante, ha insistido en que la Comunidad de Madrid no puede ignorar la realidad de estos menores ni tratarlos como meras cifras en un reparto de recursos.
“Sí a la inmigración, no a la ilegal, descontrolada, ni mucho menos a ser tan inhumano de tratar a las personas como números”, declaró la presidenta madrileña. Además, recordó que es el Gobierno de Pedro Sánchez quien decide la distribución de estos menores, y no las comunidades autónomas.
Pérez Moñino, en nombre de Vox, acusó a Ayuso de no haberse pronunciado con suficiente claridad sobre el reparto de 700 menores que se destinarán a Madrid. “Diga claramente: Madrid no aceptará a los 700 menas. Conteste a los madrileños”, exigió la diputada de Vox.
Críticas a Sánchez y el papel de Puigdemont
Más allá del enfrentamiento con Vox, Ayuso dirigió sus críticas hacia el Gobierno central, al que acusó de estar cediendo a los intereses de Junts y Carles Puigdemont en la gestión de la inmigración.
“El pacto entre Sánchez y Junts significa contentar a un supremacista y prófugo de la justicia que, a través de su partido, impone estos repartos”, afirmó, señalando que la política migratoria del Ejecutivo está condicionada por sus alianzas políticas.
