El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado un paso más en la investigación del denominado ‘Caso Arroyomolinos’ al anunciar la apertura de diligencias previas. Este caso tiene como principal investigada a Ana Millán, vicesecretaria de Organización y Electoral del Partido Popular en Madrid y número tres en la jerarquía de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Este proceso judicial se centra en la posible implicación de Millán en cuatro delitos de corrupción. Esta investigación se remonta a octubre de 2020, cuando se detectaron presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos durante su etapa como concejala en el Ayuntamiento de Arroyomolinos, un municipio madrileño. Los delitos incluyen prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública.
La jueza de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Navalcarnero fue quien originalmente estaba a cargo de la investigación. Sin embargo, en junio pasado, debido a la condición de aforada de Millán, se decidió transferir el caso al TSJM. Esta condición de aforada le fue otorgada cuando asumió el cargo de vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, una posición que le fue concedida por Ayuso mientras la investigación ya estaba en marcha.
El juez Francisco José Goyena, quien ha estado al frente de otros casos de alto perfil, como la revelación de secretos del novio de Díaz Ayuso, ha asumido ahora la responsabilidad de dirigir esta investigación.
El caso Arroyomolinos salpica de nuevo al Partido Popular
Según la documentación judicial, las diligencias apuntan a que Millán y Roselló podrían haber cometido los delitos objeto de la investigación. La causa se inició a raíz de irregularidades detectadas en una pieza separada del caso ‘Púnica’, aunque no estaba directamente relacionada con este.
La investigación destaca la presunta relación entre Millán, en su época como concejala, y el Grupo Educativo dirigido por Roselló. Se sospecha que hubo posibles irregularidades en la contratación pública del Ayuntamiento de Arroyomolinos, incluyendo la adjudicación de nueve contratos a empresas vinculadas a Roselló entre 2005 y 2011.
Además, una declaración clave de una auxiliar administrativa de la Concejalía de Millán señala un trato diferenciado y confidencial que la exconcejal habría otorgado al Grupo Educativo, lo cual es significativo en el contexto de las acusaciones. En la resolución judicial también se menciona que Millán habría recibido pagos por un total de 51.104,67 euros, presuntamente destinados a cubrir el alquiler de un ático en Arroyomolinos, en el que también estuvo involucrada la empresa Neverland Eventos.
