El laberinto judicial amenaza con atrapar a las principales figuras políticas en la Comunidad de Madrid. Este viernes, Juan Lobato, exsecretario general del PSOE en la región, comparece como testigo en el Tribunal Supremo tras registrar ante notario una conversación de WhatsApp con Pilar Sánchez Acera, cargo de La Moncloa. En dicho chat, se le remitió un correo relacionado con el caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, cuya filtración ha derivado en la imputación del fiscal general del Estado.
La dimisión de Lobato ha impactado directamente en los preparativos del congreso federal de su partido, así como en su campaña para buscar la reelección en enero de 2025. Sin embargo, este no es un golpe aislado para los socialistas: la transformación de una crisis política en un conflicto judicial afecta también a otras formaciones. Más Madrid, por ejemplo, sigue expectante ante la evolución del caso Íñigo Errejón, mientras que el PP enfrenta las demandas sobre las residencias de mayores en plena Audiencia Nacional.
Ayuso, en el centro del huracán
El impacto judicial no es ajeno a la presidenta Díaz Ayuso. Durante un reciente pleno en la Asamblea de Madrid, dirigió duras palabras a la oposición y a los familiares agrupados en Marea de Residencias, quienes han impulsado reclamaciones por las muertes en residencias durante la pandemia. Ayuso destacó que “19 sentencias” avalan la actuación de su gobierno, frente a las «61 archivadas» que, según ella, desestiman las denuncias de los afectados.
Además, la presidenta enfrenta la presión derivada de la investigación sobre su pareja, Alberto González Amador, acusado de fraude fiscal y falsedad documental. La filtración de un correo del abogado de González Amador, que habría admitido los delitos fiscales, provocó la apertura de una causa contra el fiscal general del Estado y ha situado a Lobato en el foco judicial por haber tenido acceso al mismo correo.
La batalla por el relato
Mientras la oposición utiliza los tribunales para desgastar al PP, Ayuso no se queda atrás. Su gobierno ha impulsado ataques contra la izquierda en varios frentes. Uno de ellos apunta a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, investigada por presuntos delitos relacionados con tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. Para ello, los conservadores han creado una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid.
Otro flanco abierto afecta a Más Madrid tras las denuncias por acoso contra su fundador, Íñigo Errejón, y las críticas internas por la gestión del caso por parte de Loreto Arenillas, exjefa de gabinete del político. Pese a su promesa de dimitir, Arenillas sigue siendo diputada, lo que mantiene abierta una herida que el PP recuerda constantemente.
Judicialización: el nuevo campo de batalla
La lucha política en Madrid trasciende los plenos y se libra también en los tribunales. El Tribunal Constitucional debe resolver numerosos recursos presentados tanto por la oposición como por el Ejecutivo central contra leyes y decisiones adoptadas por el gobierno de Ayuso, en solitario desde 2021. A esto se suma la cascada de demandas cruzadas entre el gobierno regional y el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
