La juez de Instrucción número 1 de Móstoles ha abierto un juicio oral contra Noelia Posse, exalcaldesa de Móstoles, junto a ocho exediles de su mandato por un presunto delito de prevaricación y malversación de fondos públicos en relación al caso ITV, el cual perdonaba una deuda a la empresa concesionaria más de dos millones de euros.
Según ha trascendido en la resolución, se ha pedido a los acusados, incluida a la exalcaldesa, que abonen de manera conjunta una fianza de 817.453 euros, con el fin de que se puedan asegurar las responsabilidades pecuniarias que se deriven del proceso.
La Fiscalía de Móstoles presentó en el pasado mes de abril un escrito de acusación en el que pedían doce años de inhabilitación para Noelia Passe y a sus ocho exdiles, presuntamente vinculados en la trama. El pasado mes de febrero la jueza encargada del caso dictó en un auto que se prolongaba la tramitación de las diligencias previas respecto a once investigados en total.
El cariño de los vecinos, es la mayor gratificación que podemos tener los servidores públicos.
— Noelia Posse/
Ser un@ mas, de nuestra maravillosa ciudad. pic.twitter.com/sITYhg92rQ(@Noelia_posse) September 1, 2024
La magistrada subrayaba en primer lugar que resulta “obvio” el perjuicio causado a las arcas públicas como consecuencia del acuerdo de la entonces Junta de Gobierno Local de 20 de octubre e 2020“. Este acuerdo se terminó aprobando por la vía de urgencia con el fin de reducir al 50% la deuda del concesionario, el canon anual y el aplazamiento hasta 2040 del resto de la deuda a razón de 30.000 euros anuales.
La Fiscalía presentó un escrito que señalaba que mediante el uso de la declaración de urgencia “incluyeron y aprobaron por unanimidad de todos sus miembros la quita del 50% de la deuda de ITV Móstoles, SL.. la reducción del canon anual a 60.000 euros y el aplazamiento hasta el 2040 del resto de la deuda, sin intereses ni recargos, a razón de 30.000 euros anuales, y una última anualidad de 15.000 euros”.
La trama relaciona a once implicados entre ellos un alto funcionario
El escrito presentado por la Fiscalía indica también que otro de los motivos por los que se acordó este tipo de acuerdo era por “los acusados, a pesar de contar nuevamente con el informe desfavorable del Interventor que alertaba de la contrariedad al ordenamiento jurídico del mismo, y con una clara consciencia de ilegalidad del mismo, puesto que habían sido advertidos de que los créditos de derecho público son indisponibles por Ley”.
Así mismo apunta que: “Como consecuencia de estos hechos, con dicho acuerdo, los acusados ocasionaron un perjuicio económico al Ayuntamiento de Móstoles, al condonar en 615.000 euros la deuda y bajar el canon a 60.000 euros anuales”.
El recurso de la Fiscalía concluye que: “La sociedad ITV Móstoles, S.L., cuya administradora era la acusada Mónica Ramírez Moreno Manzanero, no solo se benefició del acuerdo adoptado, habiendo determinado, con su petición al Ayuntamiento de esa misma propuesta, a sabiendas de su ilegalidad, la adopción del mismo”.
