El Ayuntamiento de Madrid hace un llamamiento al Gobierno de España exigiendo un marco legal que permita agilizar los procedimientos de desalojo de okupas en inmuebles. Según Borja Carabante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, la actual legislación ofrece una protección considerable a los okupas, lo que ha llevado a un aumento preocupante de este fenómeno tanto en la capital como en el resto del país.
Durante una visita al Palacio de Cristal en el distrito de Arganzuela, Carabante destacó el impacto negativo de las ocupaciones ilegales, insistiendo en que «se protege más al okupa que al propietario». Haciendo referencia a la tragedia reciente en el denominado «hotel okupa» de San Blas, donde un hombre fue apuñalado mortalmente. El presunto atacante, que también resultó herido, se encuentra bajo custodia de la Policía Nacional mientras continúan las investigaciones.
El delegado subrayó que tanto la Policía Nacional como la Policía Municipal trabajan de manera coordinada para erradicar los focos de violencia e inseguridad asociados a los espacios okupados. «Nuestro objetivo es acabar con estos puntos conflictivos lo antes posible», afirmó.
Reclamo de más agentes policiales en la capital
Carabante también puso sobre la mesa la necesidad de incrementar el número de efectivos policiales en Madrid. Aunque reconoció que la seguridad ciudadana es competencia de la Policía Municipal, destacó que tanto el Ministerio del Interior como la Delegación del Gobierno tienen un papel crucial en la gestión de esta problemática. En este sentido, el delegado exigió la incorporación de 1.000 nuevos agentes para reforzar la seguridad en las calles.
El Ayuntamiento, aseguró, cuenta con los recursos económicos necesarios para contratar a más policías si el Gobierno central no toma medidas. «Queremos aumentar la presencia policial para garantizar la seguridad en la ciudad», enfatizó. Este mensaje también se dirigió a los vecinos de Carabanchel, quienes han manifestado su preocupación por la inseguridad en la Avenida de Oporto. En respuesta a estas quejas, se ha instalado un punto fijo de la Policía Municipal en la zona, decisión que, según Carabante, ha sido bien recibida por los residentes.
