El Gobierno de Pedro Sánchez enfrenta un delicado equilibrio entre cumplir sus promesas a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y manejar las reacciones en el resto de España. Esta situación ha generado tensión en torno al controvertido «cupo catalán» y la condonación de la deuda de Cataluña, un tema crucial en las negociaciones de investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.
Este miércoles, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, negó enfáticamente en Cádiz la existencia de un cupo especial para Cataluña, un elemento clave en el acuerdo entre el PSOE y ERC. Estas declaraciones ocurrieron en medio de una creciente controversia y nerviosismo tras la investidura de Illa. Poco después de sus declaraciones, ERC emitió un comunicado advirtiendo que podría retirar su apoyo a Sánchez si este no cumple con lo pactado.
El cupo fiscal mencionado por Montero se ha convertido en la piedra angular del pacto de gobierno en Cataluña. Sin embargo, este acuerdo ha suscitado críticas tanto dentro del PSOE como en otras comunidades autónomas, debido a la percepción de que esta medida fue diseñada específicamente para Cataluña. A pesar de que Sánchez prometió la condonación de 15.000 millones de euros de la deuda catalana en noviembre pasado como parte del acuerdo con ERC, este compromiso aún no se ha concretado.
El diario ha intentado obtener información de Hacienda sobre el avance de las reuniones para tratar este tema, pero no ha recibido respuesta. Cuando se anunció el pacto de condonación, el Gobierno trató de calmar las críticas sugiriendo que otras comunidades de régimen común podrían sumarse, aunque este gesto no logró mitigar el malestar, especialmente entre las comunidades gobernadas por el Partido Popular.
Desde el think tank Fedea se ha advertido que la condonación de la deuda es una «mala idea», ya que incentiva un gasto irresponsable y resulta injusta para las comunidades que han mantenido una estabilidad fiscal. Además, se señala que las comunidades infrafinanciadas, como la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha, podrían verse especialmente perjudicadas, lo que ha llevado a exigir un fondo de compensación hasta que se implemente un nuevo sistema de financiación. Montero rechazó esta propuesta en enero, bajo presión de Junts y ERC.
El Gobierno ha superado varias fechas límite que había fijado para la negociación de la condonación de la deuda sin avanzar significativamente. Hacienda sugirió en su momento que se realizarían reuniones técnicas, permitiendo ajustar el mensaje según la evolución política. No obstante, hasta ahora no se han concretado reuniones oficiales, lo que ha generado dudas sobre el compromiso del Gobierno con este acuerdo.
A pesar de que Montero aseguró en junio que las negociaciones eran inminentes, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del 15 de julio pospuso cualquier avance hasta finales de julio o septiembre, situando a Cataluña como la primera en la lista, seguida por Galicia y Andalucía, dependiendo de la disposición de estas regiones.
En declaraciones recientes, Montero afirmó que el acuerdo con ERC «ni es un concierto económico ni una reforma del modelo de financiación». Insistió en que lo pactado beneficiará a todo el país y rechazó las interpretaciones que no se ajustan, según ella, a la realidad del acuerdo firmado.
