Dos meses después de que la amnistía al «procés» impulsada por el PSOE fuera aprobada por el Congreso y entrara en vigor, al menos 102 personas han sido beneficiadas por la medida, según datos de EP. Esto incluye a condenados que han sido exonerados y a aquellos que han sido absueltos, con antecedentes penales y policiales cancelados. Entre los beneficiados destaca Josep Lluís Alay, jefe de gabinete del líder del «procés», quien fue amnistiado por la Audiencia de Barcelona de los presuntos delitos de prevaricación y malversación relacionados con un viaje financiado con dinero público a Nueva Caledonia.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) también concedió amnistía a Miquel Buch, exconseller de Interior de la Generalitat durante el mandato de Puigdemont y Junqueras, y a Lluís Escolà, el mosso que actuó como escolta de Puigdemont durante su huida a Bélgica. Buch había nombrado a Escolà como asesor en seguridad en 2018, para cubrir su función de protección al expresident, por lo que había sido condenado a cuatro años y seis meses de prisión, junto con inhabilitación para ocupar cargos públicos por malversación de fondos y prevaricación.
A pesar de que la Fiscalía había estimado que la medida podría beneficiar a alrededor de 486 personas, muy lejos de las 1.500 que enarbolaban desde el independentismo. Hasta ahora el número de beneficiados se mantiene lejos de esa cifra, con más de 60 días transcurridos desde que los jueces comenzaron a ejecutar la medida de gracia en sus sentencias.
Las amnistías han sido otorgadas por diferentes tribunales y juzgados de Cataluña. Los beneficiados estaban encausados por delitos variados como malversación, prevaricación, desobediencia, desórdenes públicos, pertenencia a grupo criminal, tenencia de artefactos explosivos, delitos contra la seguridad vial, atentado contra la autoridad, y delitos contra la integridad moral y lesiones.
Los principales beneficiarios han sido policías
A pesar de las expectativas iniciales, el regreso del expresident catalán Carles Puigdemont tras la implementación de la amnistía no se ha materializado como se esperaba. La aplicación de las amnistías ha sido gradual, especialmente en las últimas semanas, y se anticipa que las revisiones se reactiven después del parón estival. No obstante, la falta de claridad en la ley sobre la diferencia entre malversación y terrorismo plantea serias dudas sobre la posible exoneración de Puigdemont y otros líderes independentistas.
Por otro lado, el grupo más grande de beneficiados por la amnistía hasta ahora ha sido el de los 50 policías implicados en la represión del referéndum del 1 de octubre de 2017 y las manifestaciones en Cataluña de 2019 tras la sentencia del procés. De estos, 46 son agentes de la Policía Nacional que estaban a punto de ser juzgados por delitos de lesiones y contra la integridad moral, y los otros cuatro son mossos que enfrentaban cargos por agredir a manifestantes. Un caso particularmente grave, que aún está pendiente del dictamen de la Audiencia de Barcelona, involucra a cuatro agentes acusados de disparar una bala de goma que causó una lesión ocular a un votante durante el 1-O.
