José Luis Ábalos, exministro de Transportes del Gobierno de Pedro Sánchez, ha solicitado al Tribunal Supremo que anule la investigación en su contra por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. En su recurso presentado ante la Sala Segunda, Ábalos alega que no existe base suficiente para actuar en su contra en el caso Koldo. Según el exministro, el piso de lujo que miembros de la trama pagaron a su entonces pareja, Jessica Rodríguez, era, en realidad, una vivienda de empresa.
El escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, argumenta que Ábalos ni se benefició ni disfrutó del inmueble que Koldo García costeó durante la pandemia. Además, sostiene que Jessica Rodríguez, quien consiguió un puesto en INECO, empresa dependiente del Ministerio de Transportes, no llegó a estar domiciliada en esa vivienda. «Era un piso arrendado que abonaban los hermanos García Izaguirre y el Sr. Escolano, como vivienda de empresa», asegura el documento.
Koldo García, señalado en la trama, admitió haber costeado los 2.700 euros mensuales del alquiler. Según su versión, el piso se emplearía para reuniones, aunque la estancia de Rodríguez se prolongó debido a la pandemia.
Denuncia de vulneración de derechos
Ábalos también acusa a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil de vulnerar sus derechos fundamentales al investigar de forma encubierta sin la autorización correspondiente. Al ser aforado, argumenta que cualquier investigación debió contar con el aval previo del Congreso de los Diputados, algo que, según su defensa, no se cumplió. La UCO intervino documentación relacionada con contratos de la pandemia a través de la interceptación de comunicaciones de Koldo y Joseba García. Ante esto, el juez instructor ha solicitado el suplicatorio al Congreso, y se espera la autorización para iniciar formalmente la investigación.
La postura de la UCO
Los agentes de la UCO no otorgan credibilidad a las explicaciones del exministro. Documentos como el sobre intervenido a Joseba García, que Ábalos afirmó estaba cerrado y a su nombre, fueron hallados abiertos en el asiento del copiloto, según consta en los informes. Asimismo, los investigadores continúan analizando los dispositivos móviles entregados por Víctor Aldama, otro implicado en la trama.
Ni el Ministerio del Interior ni la Dirección General de la Guardia Civil han emitido valoraciones sobre las declaraciones de Ábalos. Además , no se prevé abrir una investigación interna sobre las actuaciones de los agentes implicados. Los mandos de la UCO y el Grupo de Acción y Respuesta han manifestado su apoyo a los subordinados involucrados en la investigación. Aseguran que las pesquisas continuarán con el mismo hermetismo y rigor. El objetivo, afirman, es llevar ante los tribunales a los responsables de los delitos investigados, sin importar quiénes sean.
