El Tribunal Supremo ha llamado a declarar al exministro de Transportes José Luis Ábalos en el marco de la investigación del llamado «caso Koldo». Ábalos, actualmente diputado del Grupo Mixto, comparecerá voluntariamente el próximo 12 de diciembre a las 10:00 horas. Esta citación marca la primera vez que el exministro será interrogado sobre su presunta implicación en el cobro de comisiones ilegales relacionadas con contratos de suministro de mascarillas durante su gestión en el Ministerio.
El magistrado Leopoldo Puente, encargado de la causa, ha asumido las investigaciones sobre las relaciones de Ábalos con Koldo García, su asesor más cercano, y Víctor de Aldama, un empresario señalado como intermediario en las presuntas irregularidades. Según la exposición razonada del Supremo, estas relaciones habrían facilitado la adjudicación de contratos públicos a empresas privadas en áreas como Puertos del Estado y ADIF, además de otras administraciones autonómicas y entidades vinculadas al Ministerio del Interior.
La investigación se centra en determinar el vínculo entre los pagos realizados por Aldama y los beneficios obtenidos a través de contratos públicos. El empresario deberá declarar ante el Supremo el 16 de diciembre, seguido de García, quien comparecerá el 17 del mismo mes. En cuanto a Ábalos, su declaración voluntaria podría preceder al trámite de un suplicatorio al Congreso de los Diputados, requerido para proceder penalmente contra él debido a su condición de aforado.
El juez Puente subraya que las actuaciones de Aldama, García y Ábalos están “indisolublemente vinculadas”. Según los indicios recabados, Aldama habría utilizado su influencia sobre García y Ábalos para obtener contratos, gestionando pagos y contraprestaciones económicas que beneficiaron tanto a terceros como a su propio interés. Koldo García es señalado como el enlace entre las empresas privadas y la Administración, facilitando el acceso de Aldama a los contratos y promoviendo su adjudicación mediante gestiones presuntamente irregulares.
La causa, que inicialmente se investigaba en la Audiencia Nacional, ha sido parcialmente asumida por el Supremo debido a la implicación de un aforado. No obstante, el Juzgado Central de Instrucción número 2, bajo la dirección del magistrado Ismael Moreno, continuará indagando en delitos relacionados, como blanqueo de capitales y fraude fiscal, que no involucren directamente al exministro.
En paralelo, el Supremo ha otorgado tres días de plazo a las seis acusaciones populares personadas en el caso, entre las que figuran el Partido Popular, Vox y Manos Limpias, para decidir si unifican sus acciones legales. Esta medida busca garantizar una mayor eficiencia procesal en una investigación de alta complejidad.
Por otro lado, el empresario Víctor de Aldama ha señalado que Ábalos habría sido destituido como ministro debido a un informe del CNI que alertaba sobre pagos irregulares y aspectos personales que comprometían su posición. Este testimonio será clave en el desarrollo de las pesquisas judiciales que ahora lidera el Tribunal Supremo.
