El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, aumenta su tensión con su sucesor, Óscar Puente. El exministro se ha planteado tomar acciones legales y políticas contra Puente debido a que presiente que hubo ciertas “irregularidades” en el contenido que se presentó en la auditoría que le hizo el PSOE. Esta auditoría tenía como objetivo aclarar su participación en la compra de mascarillas de la Pandemia, que ha derivado en el conocido caso Koldo.
El informe presentado en la auditoría señala que Ábalos duplicó un pedido de cuatro a ocho millones de unidades de mascarillas en apenas media hora de diferencia, decisión que tomó después de que la empresa le dijera “o todo o nada”. Esta situación a Ábalos no le ha gustado e incluso se ha quejado a su entorno más cercano sentenciando que “van a por él”. Por otro lado, el socialista ha tildado de “improcedente” la auditoría y ha acusado al Ministerio de Transportes de montar un “tribunal de honor”.
Este mismo informe señala que hubo una falta de control durante el mandato del exministro dentro de su departamento, debido a que únicamente se ha podido acreditar a través de documentos oficiales que se repartieron cinco de los trece millones de mascarillas que se compraron, conclusiones que Ábalos considera que son falsas y que acarrearán consecuencias. Es más, el exministro está estudiando tomar acciones legales y políticas contra Puente, debido a que, en su opinión, es “evidente que se está buscando incriminarme”.
Ábalos quiere tomar medidas legales y políticas contra Puente
Después de que la auditoría tuviera lugar, Ábalos ha aumentado su presencia en los medios de comunicación para mostrar su gran descontento con la autoría que le hizo el propio PSOE. Por otro lado, este enfrentamiento entre los dos cargos del Ministerio de Transportes ha hecho que Ábalos se replantee su postura respecto a su antiguo partido.
La intención de Ábalos es aclarar las presuntas irregularidades que bajo su punto de vista se incluyeron en la auditoría. El exministro insiste en que el informe no es una auditoría, sino un “compliance” como los que realizan empresas y organizaciones para identificar riesgos.
Ábalos incluso confirmó para el diario ABC que este tipo de informe “no se puede encargar a una unidad que depende de ti, porque no tiene ninguna independencia”. Así mismo, ha justificado que los empleados que participaron en la redacción del contenido que se iba a presentar en la auditoría se iba a hacer público.
