La UCO registra la casa de Ábalos
El operativo se prolongó durante más de nueve horas el martes 10 de junio, en el que la UCO clonó dispositivos electrónicos, se incautó de cajas con documentación y buscó dinero en efectivo en la vivienda valenciana de Ábalos. También se registraron sedes de constructoras en la Comunidad Valenciana y Navarra, según fuentes judiciales.
Ábalos, presente durante el registro, permaneció en pijama al finalizar y denunció filtraciones que, a su juicio, buscaban desacreditarle antes de tiempo.
“Lo único que les interesaba era el teléfono… clonaron varios dispositivos”
afirmó en declaraciones recogidas por El Español.
Paralelamente, la UCO ha presentado un informe patrimonial al Supremo que pone el foco en posibles ingresos irregulares. Además, se ha solicitado información fiscal y bancaria para rastrear movimientos sospechosos.
Desde el PSOE, que mantiene una cautela institucional, se ha evitado la confrontación pública. Sin embargo, la apertura de expediente interno previo —con su consiguiente expulsión del grupo— y un comunicado en que se remarca la colaboración con la justicia eran un indicio de la presión interna que ha generado el asunto.
En otra línea argumental, Ábalos ha denunciado a través de su entorno que el procedimiento responde a “inquina” hacia su persona, acusando a sectores dentro del PSOE y la UCO de filtrar información para dañar su imagen.
Mientras la prensa explica los detalles —desde el clonado de discos duros hasta la exhumación de contratos previos al caso mascarillas— el foco mediático se ha desplazado del fondo del asunto (las comisiones) a las formas polémicas del registro, generando un debate paralelo sobre el uso del aparato judicial para presionar políticamente.
De fontanero del partido a ministro clave
José Luis Ábalos fue durante años una figura secundaria dentro del PSOE, un perfil discreto de aparato con arraigo en Valencia. Su ascenso vertiginoso comenzó con la llegada de Pedro Sánchez a la secretaría general en 2017. Fue entonces cuando Ábalos, hasta entonces casi desconocido fuera del Congreso, se convirtió en su hombre de confianza: jefe de campaña, portavoz parlamentario y, finalmente, ministro de Fomento —renombrado como Transportes, Movilidad y Agenda Urbana— tras la moción de censura de 2018.
En ese proceso, Ábalos asumió también el mando como secretario de Organización del PSOE. Desde ahí tejió una red interna basada en lealtades territoriales, favores recíprocos y control férreo de las estructuras provinciales. Su poder no se limitaba al organigrama: gestionaba el acceso al BOE, los nombramientos y las adjudicaciones estratégicas.
Como se analizó en El PSOE como el Movimiento Nacional del Régimen del 78, el socialismo institucionalizado ha replicado muchas de las prácticas clientelares del viejo régimen. Ábalos, en este marco, no fue una anomalía, sino un engranaje especialmente eficaz.
El caso Koldo y la operación Delorme
La caída política de José Luis Ábalos no se explica sin el nombre de su antiguo asesor y escolta, Koldo García. Lo que comenzó como una investigación por contratos de mascarillas durante la pandemia terminó abriendo una vía más profunda hacia el corazón del Ministerio de Transportes: contratos de obra pública supuestamente dirigidos desde su entorno.
La “operación Delorme”, dirigida por el juez del Supremo Leopoldo Puente, investiga si Ábalos participó en una trama de adjudicaciones amañadas desde la Dirección General de Carreteras. Según las declaraciones del empresario Víctor de Aldama, que ha entregado hojas de Excel a los investigadores, existía un sistema de contratos preasignados y comisiones pactadas. El nombre de Ábalos figura como conocedor e incluso facilitador del proceso.
El 10 de junio de 2025, la Guardia Civil registró por primera vez la vivienda personal del exministro en Valencia. Allí se incautaron dispositivos electrónicos, documentación y material financiero que, según fuentes judiciales, podría confirmar su implicación. Es el paso procesal más grave hasta ahora: ya no se trata de hechos indirectos o relaciones personales, sino de un posible papel directo en el diseño de la red.
La operación se extiende a otras sedes, constructoras y domicilios particulares. El juez investiga delitos de cohecho, malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.
El contraste entre corrupción y urgencias sociales
La magnitud del escándalo no reside únicamente en las cantidades presuntamente desviadas o en los nombres implicados, sino en el contexto social en el que se produce. En un país con graves déficits en vivienda, atención primaria y violencia de género, la imagen de un exministro implicado en comisiones millonarias a cambio de contratos públicos socava la legitimidad institucional.
El presupuesto destinado a las campañas de mascarillas y obras públicas durante la pandemia se justificó como una respuesta de emergencia. Ahora, parte de esos fondos se investiga por haberse desviado hacia empresas “agraciadas” por su proximidad política o económica con el círculo de Ábalos.
Como se señaló en Los costes de la violencia de género en España, el impacto económico de la desigualdad estructural es profundo y persistente. Cada euro desviado en contratos opacos supone uno menos para sostener los sistemas de prevención, asistencia y educación.
El contraste entre las prioridades presupuestarias reales y las redes clientelares opacas define una crisis más profunda: no solo de corrupción, sino de legitimidad democrática.
Ecos del felipismo y la corrupción estructural
El caso Ábalos remite inevitablemente a otros episodios en los que figuras clave del poder socialista acabaron ante los tribunales. Los paralelismos con los años finales del felipismo son inevitables: Juan Guerra, Luis Roldán, Filesa. La lógica se repite —red de favores, contratos opacos, estructuras paralelas— y el desenlace también: caída abrupta, desmarque del partido, silencio institucional.
Ábalos no es un outsider ni un “verso suelto”. Fue secretario de Organización del PSOE y ministro con competencias estratégicas. Como en los casos anteriores, la fuerza del escándalo reside en la cercanía al núcleo de poder, no en la cantidad exacta desviada.
El paralelismo se extiende al uso que el partido hace del investigado: primero como escudo, después como cabeza de turco. La expulsión del grupo parlamentario, las declaraciones asépticas de Ferraz y la colaboración “respetuosa” con la justicia recuerdan las fases de desgaste político que ya se vivieron en los años 90.
La historia se repite, aunque el decorado sea distinto. Lo que está en juego, una vez más, no es solo el futuro de un político caído, sino la capacidad de las instituciones para regenerarse sin recurrir al olvido.
Una caída con consecuencias estructurales
La situación judicial de José Luis Ábalos no es una nota al pie en la historia reciente del PSOE. Es un síntoma, un reflejo de las estructuras internas del poder político en España: la concentración de competencias, la dependencia clientelar, el uso instrumental del Estado como fuente de lealtades y recompensas.
El registro de su casa no es solo un episodio policial: representa el colapso simbólico de una figura que encarnó, como pocos, la lógica del poder vertical en la era Sánchez. Su caída, si se confirma judicialmente, no será solo personal, sino institucional. Porque lo que está en cuestión no es un nombre, sino una forma de gobernar.
La justicia dirá si hay delito. Pero el daño político ya está hecho: una institución manchada, un partido en silencio, y un país que vuelve a mirar con desconfianza a quienes decían representarlo.
