Imagen: El Mundo
El socialista José Luis Ábalos alquiló un lujoso chalé en la Línea de la Concepción, Cádiz, durante aproximadamente seis meses, entre 2021 y 2022. La propiedad pertenecía a una empresa asesorada por Víctor de Aldama, uno de los comisionistas implicados en el ‘caso Koldo’, según informó el diario ‘El Mundo’.
Ábalos afirmó desconocer la relación de Aldama con la empresa propietaria del chalé, y explicó que fue su excolaborador, Koldo García, quien le recomendó la vivienda. El exministro insistió en que no favoreció a ninguna empresa a cambio del alquiler y aclaró que abandonó la propiedad porque no podía seguir asumiendo los gastos.
Cronología de los hechos
En mayo de 2021, una empresa contrató a Víctor de Aldama, uno de los principales comisionistas del caso Koldo, como asesor por 3,5 millones de euros. Un mes después, en junio, esta empresa compró un chalé en Cádiz y el 3 de julio lo alquiló con opción a compra a José Luis Ábalos, entonces ministro de Fomento. Una semana después, el 10 de julio, Pedro Sánchez lo relevó de todos sus cargos.
Ábalos habría pagado el primer mes de alquiler y dos meses de fianza, manteniendo la propiedad durante seis meses. Finalmente, la empresa le ofreció abandonar el chalé a cambio de perdonarle la deuda.
Una estancia de lujo
Durante su estancia, Ábalos disfrutó de una vivienda de 250 metros cuadrados con piscina y jardín. Según declaraciones del propio Ábalos pagó tres meses de alquiler, uno de ellos como fianza, a través de una transferencia bancaria a precio de mercado.
El alquiler del chalé costaba 2.500 euros mensuales y el contrato incluía una opción de compra. Este gasto anual de 30.000 euros representaba más del 37% del salario de Ábalos como ministro, que era de 80.000 euros. En sus declaraciones, explicó que su situación personal cambió drásticamente ese verano, tras su destitución y un proceso de divorcio, lo que le impidió mantener una segunda residencia.
Disputa entre fiscalías por el caso Koldo
La Fiscalía Anticorrupción se opuso a que la Fiscalía Europea asumiera la investigación sobre la adjudicación de varios contratos públicos de mascarillas durante la pandemia, conocido como el ‘caso Koldo’. Solicitó a la Audiencia Nacional que consulte al Tribunal Supremo sobre quién debe llevar la causa.
Por su parte, la Audiencia Nacional es competente para continuar investigando todos los delitos originados en el caso, con sus correspondientes contratos. La Fiscalía Europea, por su parte, puede conocer los expedientes de adjudicación de suministros de material sanitario de los Servicios Canario y Balear de Salud en relación con la posible comisión de un delito contra los intereses financieros de la UE.
