La reciente salida de Adeslas del modelo sanitario de Muface ha desatado una crisis sin precedentes que afecta a cerca de 1,5 millones de funcionarios y sus beneficiarios. La aseguradora, que hasta ahora atendía al 47% de los mutualistas, rechazó la propuesta del Gobierno alegando que las condiciones económicas eran inviables, lo que pone en jaque la continuidad del sistema. Esta decisión también abre la puerta a un escenario de incertidumbre en el que los mutualistas podrían verse obligados a integrarse en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
Las causas de la retirada y opciones para los mutualistas
Adeslas, participada por CaixaBank y Mutua Madrileña, argumentó que la oferta del Gobierno supondría unas pérdidas de 250 millones de euros. A pesar de que el nuevo concierto licitado incluía un incremento del 26,62% en las primas para 2025 y 2026, alcanzando un 33,5% acumulado al extenderse a un tercer año, la aseguradora consideró insuficiente este ajuste. También solicitó que el contrato se limitara a dos años, algo que no fue contemplado en los pliegos.
Con este portazo, Adeslas deja en manos de Asisa y DKV la posibilidad de asumir la cobertura de los mutualistas. Sin embargo, ambas compañías todavía no se han pronunciado oficialmente y tienen hasta el 15 de enero para decidir si aceptan o rechazan el contrato. Los sindicatos temen que el concurso quede desierto, lo que abocaría a una nueva licitación o incluso al fin del modelo de mutualismo administrativo.
Ante este panorama, los mutualistas podrán seguir recibiendo cobertura sanitaria privada hasta el 31 de marzo de 2025, siempre y cuando el Gobierno active una prórroga mediante la Ley de Contratos del Sector Público. Mientras tanto, desde el 1 hasta el 31 de enero de 2025 se abrirá un periodo para que quienes lo deseen puedan trasladarse al SNS. Este proceso podría repetirse en abril si se habilita una nueva licitación.
El cambio al sistema público no está exento de críticas. Expertos advierten que la incorporación de más de un millón de nuevos usuarios al SNS podría saturar aún más un sistema que ya enfrenta listas de espera récord. Según datos de la Cátedra Extraordinaria ‘Salud Sostenible y Responsable’, los tiempos para ser atendido por un especialista podrían aumentar un 266%, mientras que las listas quirúrgicas se incrementarían en un 115%.
La propuesta de Sumar: el fin de Muface
En este contexto, Sumar ha presentado en el Congreso un plan para desmantelar Muface en un plazo de nueve meses. El partido liderado por Yolanda Díaz propone una transición paulatina de los mutualistas hacia la sanidad pública, destinando los recursos actuales de las aseguradoras privadas al SNS. La propuesta incluye la creación de una comisión interministerial que colabore con las comunidades autónomas para garantizar la incorporación progresiva de los usuarios.
La iniciativa también contempla medidas específicas para trabajadores en el extranjero y la eventual extensión del modelo a otras mutualidades, como Isfas y Mugeju. Según Sumar, esta transición estará respaldada por una inyección extra de recursos públicos, valorada en 2.436 millones de euros anuales.
Mientras que algunos sectores valoran la posibilidad de fortalecer la sanidad pública, los sindicatos denuncian la falta de garantías para mantener la calidad asistencial. CSIF ha anunciado movilizaciones y no descarta convocar huelgas si el Gobierno no asegura una transición adecuada.
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha comprometido a garantizar la cobertura sanitaria de los funcionarios en su región, acusando al Ejecutivo central de “abandonar” a los mutualistas. Además, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha solicitado a Hacienda un informe sobre la eficacia y eficiencia del modelo, lo que podría influir en las decisiones futuras.
