Imagen: ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres I EFE
El empresario Víctor de Aldama utilizó a Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes, para interceder ante Ángel Víctor Torres, expresidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial, con el objetivo de agilizar pagos pendientes. Los mensajes entre García y Torres revelan una serie de gestiones relacionadas con las facturas por las mascarillas vendidas al Gobierno canario por la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a De Aldama.
Mensajes clave y gestiones
Existen varios mensajes enviados por García a Torres, en los que solicitaba acelerar los pagos. Estos mensajes, localizados en dispositivos incautados a De Aldama y García por la UCO de la Guardia Civil, incluyen solicitudes directas y detalles sobre las transacciones. Según el empresario, García habría solicitado una comisión de 50.000 euros para el entonces ministro Torres, algo que García niega rotundamente.
El 1 de julio de 2020, el expresidente respondió a una llamada de García asegurándole que gestionaba el asunto con la responsable de Recursos Económicos de Sanidad. Un mes después, el 30 de julio, confirmó: “Asunto resuelto. Hoy dormiré mejor”. Sin embargo, las reclamaciones continuaron: el 3 de agosto, insistió en que no se habían recibido los pagos, a lo que Torres replicó que estaba “resuelto”.
Reclamos hasta noviembre
La conversación se mantuvo durante meses. En noviembre de 2020, el actual ministro informó a García que ya contaba con un informe favorable sobre las mascarillas. Éste agradeció la gestión y solicitó hablar con Torres, mientras preparaba un acto de presentación de Presupuestos en Valencia junto al entonces ministro José Luis Ábalos y el presidente valenciano Ximo Puig.
Torres y las acusaciones
El equipo de Torres defendió que las comunicaciones con García se dieron en un marco de “normalidad”, justificando que se agilizaron los pagos debido a irregularidades en el contrato, como la falta de un anticipo del 50%. Según estas fuentes, la empresa había amenazado con acciones legales, y el precio de las mascarillas fue inferior al abonado por otras administraciones.
En declaraciones recientes, aseguró en Onda Cero que su relación se limitó a contactos habituales dentro del ámbito técnico, negando cualquier actuación ilícita. No obstante, afirmó que dimitiría si se demostrara que favoreció intereses particulares.
Contrastes en las versiones
García ha negado haber recibido pagos por sus gestiones, asegurando que su intención era ayudar a empresas a cobrar por los materiales entregados. “¿Eso es un delito? Yo entiendo que no es nada malo”, declaró. Sin embargo, esta postura contradice la confesión de De Aldama, quien aseguró ante la Audiencia Nacional que García le habría solicitado una comisión que nunca llegó a pagar.
El caso sigue siendo investigado, mientras las comunicaciones reveladas arrojan luz sobre las conexiones entre empresarios, asesores y altos cargos políticos durante los primeros meses de la pandemia.
