Nuevas informaciones apuntan a que el exministro de Transportes José Luis Ábalos habría estado implicado en una compleja operación para recibir un inmueble de lujo en el Paseo de la Castellana (Madrid) como presunto «pago en especie» por servicios prestados a empresarios vinculados a la trama de los hidrocarburos. La transacción, con un valor estimado cercano a los 2 millones de euros, se habría enmascarado mediante un contrato de alquiler con opción a compra. Este acuerdo, definido por diferentes fuentes como «ficticio» y «un regalo encubierto», perseguía evitar el rastro patrimonial y justificar la obtención del inmueble pese al salario oficial de Ábalos, situado en torno a los 6.000 euros mensuales como miembro del Gobierno.
Papel de Víctor de Aldama
El epicentro del caso gira en torno a Víctor de Aldama, presunto cabecilla de la denominada «trama Koldo» y hombre clave en la red de concesión de licencias de hidrocarburos. Diversos empresarios cercanos a Aldama relatan que este les informó hace más de tres años de la existencia de un lujoso piso en la Castellana destinado a Ábalos, afirmando que se trataba de un «pago en especie» aportado por un tercero. Las tensiones surgieron cuando el entonces ministro, según las mismas fuentes, expresó su descontento por no recibir la compensación en metálico, ya que consideraba difícil justificar una operación inmobiliaria de tal envergadura dadas sus limitaciones económicas oficiales.
Un contrato «ficticio» para encubrir el traspaso
Conscientes del riesgo de escándalo, las partes idearon un contrato de alquiler con opción a compra. Así, en abril de 2019, Aldama y Ábalos suscribieron un acuerdo con una renta mensual de 2.500 euros durante cinco años, con la posibilidad de adquirir el inmueble al finalizar el plazo o antes, de mutuo acuerdo. Esta fórmula no sólo enmascaraba la verdadera naturaleza de la operación, sino que ofrecía al ministro una coartada: la vivienda no estaría a su nombre mientras ocupara un cargo público. Según las fuentes, la previsión era ejecutar la entrega real del inmueble una vez Ábalos abandonara su posición en el Ministerio de Transportes, evitando así el escrutinio público inmediato.
El modus operandi no se limitaba a la propiedad madrileña. En la urbanización de La Alcaidesa, en Cádiz, otro inmueble habría sido objeto de un esquema similar. La empresaria Carmen Pano afirma haber adquirido un chalet por indicación de Koldo García Izaguirre, asesor de Ábalos, como parte de un presunto soborno vinculado a la concesión de licencias para la compañía Villafuel SL, administrada por la hermana de Claudio Rivas, socio principal de Aldama. Al igual que con el piso de la Castellana, se estableció un alquiler con opción a compra a un coste mensual de 2.500 euros y una cláusula que permitía su adquisición transcurridos cinco años. Esta vivienda también habría sido presentada al exministro como «un futuro patrimonio asegurado» tras dejar su cargo.
Ábalos se mostró incómodo con la fórmula del pago en especie, insistiendo en que la liquidez era más fácil de justificar. Empresarios vinculados a Aldama aseguran que el exministro manifestó su enfado al recibir inmuebles en lugar de dinero contante y sonante. Con ello, buscaba evitar el complejo entramado documental y la intrincada justificación que conlleva la posesión de bienes inmuebles de alto valor, difíciles de camuflar en su declaración de patrimonio.
José Luis Ábalos negó ante el Tribunal Supremo la existencia de compras encubiertas, limitándose a señalar que eran meros contratos de alquiler cuyos pagos podría acreditar. No obstante, la documentación incautada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el material registrado en dispositivos móviles apuntan a un plan más amplio. Estas pruebas, sumadas a los testimonios de personas involucradas, sugieren que los contratos fueron diseñados ad hoc para ofrecer una tapadera legal a supuestos sobornos y pagos no declarados.
Koldo García Izaguirre, asesor de confianza de Ábalos, emerge como una figura central en la trama. De acuerdo con el testimonio de Carmen Pano, fue él quien le indicó la necesidad de adquirir una propiedad para el ministro en zonas exclusivas como Sotogrande. También fue Koldo quien remitió anuncios de venta previos a la firma de los contratos de arrendamiento, un paso que la UCO considera relevante para entender la premeditación del esquema.
El PSOE trata de frenar testigos incómodos
El Partido Socialista ha intentado impedir la declaración de Pano, argumentando que su testimonio ha sido «cuestionado y negado por otros miembros de la trama». Sin embargo, el juez Santiago Pedraz, encargado de la instrucción del Caso Koldo, ordenó este viernes verificar en los teléfonos incautados cualquier referencia a los presuntos pagos en la sede del PSOE. Esta diligencia busca esclarecer si, tal y como sostiene Pano, se entregaron 90.000 euros en efectivo en Ferraz por orden de Aldama, con el objetivo de cerrar favores políticos.
El entramado descrito pone en el punto de mira el uso presuntamente fraudulento de la figura del alquiler con opción a compra como método para encubrir el cobro de comisiones ilegales. De confirmarse las acusaciones, estaríamos ante un cohecho con ramificaciones en el corazón de la Administración, revelando un intercambio de favores y prebendas a cambio de licencias y privilegios empresariales.
