Esta semana, el Juzgado Central de Instrucción Número 2, bajo la dirección del magistrado Ismael Moreno, llevará a cabo una serie de declaraciones clave en el marco del denominado «caso Koldo». El miércoles, a partir de las 09:30 horas, el juez interrogará al exjefe de personal de ADIF, Michaux Miranda, y al expresidente de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares.
La citación de Sánchez Manzanares, originalmente prevista para el martes, ha sido reagendada. Además, el juez había programado una comparecencia para el lunes con el exsubsecretario de Estado de Transportes, Jesús Manuel Gómez, pero ha decidido aplazar su declaración al 23 de septiembre, tras apartar a la Abogacía del Estado de su defensa.
Declaraciones de testigos y nueva citación
El jueves, el juez escuchará como testigo a Javier Hidalgo, ex CEO de Globalia. El viernes, a las 09:30 horas, será el turno de varios funcionarios de Puertos del Estado, entre ellos el presidente Francisco Toledo, la jefa del área de Contratación y Gerencia de Riesgos, Aránzazu de Miguel, y la jefa de departamento de contratación adscrita a la Secretaría General, María Belén Caballero Martínez.
Contexto y alegaciones de la fiscalía anticorrupción
La investigación, solicitada por la Fiscalía Anticorrupción a finales de mayo, se centra en presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos para el suministro de mascarillas durante la pandemia. Según el Ministerio Público, los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sugieren que algunos investigados podrían haber ejercido presiones indebidas sobre los responsables de adjudicar estos contratos.
En total, se están revisando ocho contratos adjudicados por diferentes entidades de la Administración Pública, con un valor global de 51.998.434 euros. Entre los investigados se encuentra Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, quien enfrenta acusaciones por presunta participación en una trama de comisiones ilegales para la venta de mascarillas. La Fiscalía Anticorrupción atribuye a los implicados posibles delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
