Amaya, una madre desempleada con tres hijas de 16, 6 y 4 años, ha protagonizado una protesta frente al Ayuntamiento de Portugalete, donde se encuentra su única propiedad, al verse desesperada por la situación que atraviesa.
Desde hace 10 meses, la inquilina de su vivienda se ha negado a pagar el alquiler, pese a que trabaja a media jornada y vive junto a su hija, estudiante universitaria. Este lunes, Amaya se plantó en la puerta del consistorio con una pancarta en la que denunciaba su situación, acompañada por un cubo de playa, símbolo de las vacaciones que sus hijas no han podido disfrutar este verano.
La protesta ha sido impulsada por la Plataforma de Afectados por la Ocupación, y con ella Amaya busca visibilizar una situación que considera insostenible. “Cobro del paro 907 euros para que mi inquiokupa y su hija vivan a costa de lo que mis tres niñas necesitan y yo no les puedo dar”, reclamaba en su pancarta. La alcaldesa de Portugalete se acercó a hablar con ella, prometiéndole la intervención de Asuntos Sociales, pero hasta ahora nadie ha respondido a su petición de ayuda. Por ello, Amaya tiene intención de continuar con su protesta en los próximos días.
Amaya pide dinero en la calle tras quedarse sin casa por culpa de su inquiokupa. Fuente: Libremercado
El caso de Amaya es solo uno de muchos que reflejan la creciente tensión en el mercado de alquiler en España, donde propietarios y arrendatarios enfrentan dificultades económicas.
Una inquiokupa deja en la calle a una madre y sus tres hijas
Amaya, lejos de la imagen del especulador que algunos asocian con los propietarios, es parte del 92% de pequeños arrendadores que sostienen este mercado. Su situación se agrava porque el piso en cuestión es su única propiedad, adquirida con mucho esfuerzo cuando tenía 25 años y por la cual aún paga una hipoteca.
La inquilina ha conseguido paralizar el desahucio en dos ocasiones, alegando motivos médicos, y ahora Amaya teme que pueda hacerlo nuevamente, aprovechando el decreto del Gobierno que protege a colectivos vulnerables. A pesar de que la inquilina está trabajando, la incertidumbre y el miedo a una nueva paralización la han llevado al límite.
Amaya debe hacer frente a una hipoteca de 574 euros, más los gastos de comunidad, el IBI, y los costos del agua y seguro de la vivienda. A esto se suma el pago de su abogado y la manutención de su hija mayor. Esta situación, según denuncia, la ha dejado en una situación límite, viviendo con lo justo, mientras otra persona vive en su vivienda sin pagar el alquiler.
