Antonio Ortolá, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castellón, ha confirmado que presentará una querella contra el portavoz de Compromís, Ignasi García, por un presunto allanamiento de su despacho.
El político ha señalado que este hecho es “de extrema gravedad e incompatible con el ejercicio de un cargo público”. Según Ortolá, este incidente habría tenido lugar el pasado 7 de noviembre, mientras tenía lugar una manifestación convocada por distintos colectivos separatistas.
Según el informe de la policía local, dos personas fueron grabadas por las cámaras de seguridad del edificio, en los pasillos donde se localizan los despachos municipales. A las 20.14 horas, aproximadamente, las imágenes muestran a estas personas intentando abrir la puerta de un despacho, aunque no lo consiguen, presuntamente porque estaba cerrada. Poco después, ambas recorren los pasillos interiores y regresan hacia las escaleras que conducen a la planta inferior.
Ortolá, señala que mientras esta manifestación tenía lugar en la Plaza Mayor de Valencia, las luces de su despacho se encendieron, a pesar de que el político de Vox no se encontraba en ese momento en el edifico, versión que confirman varios testigos. Según ha explicado el político, el sistema de iluminación del despacho se activa mediante sensores de movimiento, lo que sugiere que alguien habría estado dentro.
El portavoz de Compromís habría allanado el despacho del concejal de Vox
Además, menciona que en las redes sociales oficiales de Compromís per Castelló se publicó una fotografía de la plaza que, afirma, parece haber sido tomada desde el balcón de su despacho.
El portavoz de Vox ha subrayada ciertas inquietudes acerca este presunto allanamiento del despacho: “En mi oficina manejo documentos confidenciales vinculados a mi labor pública. ¿Revisaron o fotografiaron estos papeles? Si esto se confirma, estaríamos ante un hecho extremadamente grave que atenta contra la ética y las instituciones”.
Ortolá exige explicaciones inmediatas y ha pedido la dimisión de Garcia, a quien acusa de haber cruzado una “línea roja”.
Según se ha conocido, este caos ya se encuentra en manos de los abogados de Vox, quienes están trabajando en la preparación de la querella contra el portavoz de Compromís en Castellón. El concejal de Vox ha aludido al artículo 203.1 del Código Penal contempla el allanamiento de despacho como un delito penado con entre seis meses y un año de prisión, además de multas económicas.
