La reciente Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que golpeó a la Comunidad Valenciana ha puesto en el ojo del huracán a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, debido a lo que numerosos sectores califican como una mala gestión de la crisis. A pesar de que la DANA dejó a su paso graves inundaciones, cortes de carreteras, e importantes daños en infraestructuras y viviendas, las acciones de la ministra y de su departamento han sido cuestionadas por su falta de previsión y respuesta ante la emergencia.
En las semanas previas al temporal, Ribera se había mostrado escasamente visible, dedicando su atención a actos oficiales que no guardaban relación directa con la gestión de la crisis climática inminente. En lugar de volcarse en preparativos y coordinación para afrontar el temporal que los meteorólogos ya habían pronosticado, la ministra limitó su agenda a eventos protocolarios que no atendían las preocupaciones urgentes de la ciudadanía.
Tras las críticas, Teresa Ribera compareció en el Congreso para dar explicaciones sobre su actuación ante la DANA. Durante su intervención, defendió que las competencias en la gestión de emergencias recaen en gran medida en las administraciones locales y autonómicas, trasladando así la responsabilidad a otros niveles de gobierno. Sin embargo, esta postura no ha convencido a gran parte de la opinión pública ni a los partidos de la oposición, quienes han acusado a la ministra de actuar con pasividad y de no movilizar los recursos necesarios para mitigar los efectos del temporal.
El Partido Popular, principal partido de la oposición, no ha tardado en aprovechar la situación para cargar contra Ribera, acusándola de ineficacia y falta de compromiso. Según representantes del PP, la falta de una acción coordinada por parte del Ministerio de Transición Ecológica ha agravado el impacto de la DANA, con consecuencias económicas y sociales que podrían haberse minimizado con una mejor preparación y gestión. El portavoz del partido señaló que la factura de esta catástrofe es un coste que la ciudadanía no debería pagar debido a la falta de diligencia por parte del Gobierno.
Desde Comunidad Valenciana, las críticas no han sido menores. Los alcaldes de diversas localidades afectadas, especialmente en las zonas costeras, han señalado que el Ministerio de Transición Ecológica no activó con la suficiente celeridad los recursos de emergencia necesarios para hacer frente a la DANA. A pesar de que las previsiones meteorológicas indicaban con antelación la gravedad del fenómeno, las autoridades nacionales no tomaron medidas preventivas adecuadas, lo que derivó en inundaciones que dejaron a miles de personas sin suministro eléctrico y obligaron a desalojar a familias de sus hogares.
Organizaciones civiles también han alzado la voz, pidiendo explicaciones sobre por qué no se activaron antes los protocolos de emergencia. Especialmente preocupante ha sido la situación en municipios que llevan años sufriendo el impacto del cambio climático, con infraestructuras deficientes y sistemas de drenaje obsoletos que colapsaron ante el diluvio.
La factura política y el desgaste de la ministraLas críticas a Ribera no solo se limitan a la falta de acción durante la emergencia. También hay cuestionamientos sobre la gestión a largo plazo de las políticas de adaptación al cambio climático. La ministra ha sido una de las caras visibles del Gobierno en temas medioambientales, pero su aparente desatención en momentos críticos ha generado un desgaste en su imagen pública. Las próximas semanas serán cruciales para ver si su gestión del Ministerio logra superar este bache o si, por el contrario, la presión política continúa aumentando.
A medida que el PP y otros partidos de la oposición buscan sacar rédito político de esta situación, el Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a un nuevo desafío en medio de un clima de creciente descontento social. Con el invierno a la vuelta de la esquina y la amenaza de nuevos temporales, la gestión de emergencias y la preparación ante fenómenos extremos se perfilan como temas clave en la agenda política de los próximos meses.
Por su parte, Ribera ha anunciado que se tomarán medidas para mejorar la coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos en futuras emergencias, y ha prometido una inversión adicional para reforzar las infraestructuras en áreas vulnerables. Sin embargo, para muchos, estas promesas llegan tarde, cuando los daños ya están hechos y miles de familias en la Comunidad Valenciana continúan lidiando con las consecuencias de la DANA.
