La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido sobre “tiempos difíciles” debido a un cambio en el modelo territorial y un supuesto ataque directo a la región que gobierna.
En su participación en el desayuno informativo del Nueva Economía Fórum, Ayuso reafirmó su intención de erigirse como un “muro de contención” frente al Gobierno central de Pedro Sánchez, al que acusó de intentar “hundir España” en un contexto de creciente polarización política. En este marco, la presidenta madrileña ha formalizado un recurso de inconstitucionalidad contra la polémica Ley de Amnistía.
Durante su intervención, Ayuso arremetió contra el ejecutivo de Sánchez, al que responsabilizó de “destruir el Estado de Derecho para mantenerse en el poder” y transformar las instituciones “a la medida del poder absolutista que dirige España desde la Moncloa”.
La líder regional no solo ha recurrido ante el Tribunal Constitucional, sino que también ha solicitado la recusación de tres magistrados clave: Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Díez, alegando que su “pública y notoria vinculación ideológica con el PSOE” les inhabilita para juzgar la constitucionalidad de la norma.
Ayuso y los barones del PP contra la financiación de Cataluña
La Ley de Amnistía, aprobada recientemente, es considerada por Ayuso como “arbitraria y obscenamente inconstitucional”. Según la presidenta madrileña, la ley otorga un estatuto privilegiado a los dirigentes catalanes que, en su opinión, “trataron de dar un golpe de Estado desde Cataluña”, lo que contraviene el principio de igualdad ante la ley recogido en la Constitución española.
Ayuso ha sostenido que la norma no solo quiebra la igualdad entre los ciudadanos, sino que también vulnera la separación de poderes al permitir que el legislativo invada competencias propias del poder judicial. En este sentido, la presidenta ha calificado la ley como “el mayor acto de corrupción política en la historia de la democracia” y ha prometido utilizar todas las herramientas jurídicas a su alcance para frenar lo que considera un intento de “hundir España”.
La batalla en torno a la Ley de Amnistía no se limita a su posible inconstitucionalidad. Ayuso ha denunciado irregularidades en el proceso de tramitación parlamentaria, asegurando que se han vulnerado preceptos de la Constitución y del Reglamento del Congreso. La ausencia de informes favorables del Consejo General del Poder Judicial y de las principales asociaciones de jueces y fiscales refuerza, según Ayuso, la falta de legitimidad de la ley.
