La Cámara de Diputados de Brasil aprobó el miércoles la tramitación urgente de un controvertido proyecto de ley que equipara el aborto legal al homicidio si se realiza después de la semana 22 de gestación. Actualmente, la legislación brasileña permite el aborto en tres casos: violación, riesgo para la vida de la madre y anencefalia del feto. Esta propuesta es parte de una ofensiva conservadora en el Congreso, donde el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva y sus aliados están en minoría. Cuenta con el respaldo de las tres bancadas parlamentarias más poderosas: la evangélica, la del sector agropecuario y los defensores de las armas.
Un proyecto con condenas de entre 6 y 20 años de prisión
El proyecto, que podría ser votado en pleno la próxima semana, contempla penas de entre 6 y 20 años de cárcel para las mujeres que se sometan a un aborto legal después de la semana 22. Actualmente, la pena por aborto ilegal oscila entre 1 y 3 años. Las activistas por los derechos reproductivos advierten que, de aprobarse el endurecimiento, una mujer violada podría enfrentar una condena mayor que su agresor, ya que la pena por violación en Brasil es de 10 años. Esto también superaría las penas por homicidio no intencionado, robo, hurto, tráfico de drogas y de armas.
La ministra de las Mujeres, Cida Gonçalves, criticó el proyecto, afirmando que “revictimiza a las niñas y mujeres víctimas de violación e impone aún más barreras para el acceso al aborto legal”. Recordó que 38 niñas menores de 14 años son madres cada día en Brasil, quienes legalmente tienen derecho a abortar como víctimas de violación.
Una legislación pionera
Brasil fue pionero en América Latina en legislar sobre el aborto en 1940, pero ha quedado rezagado respecto a sus vecinos, como Argentina, México y Colombia, que han avanzado significativamente en los derechos reproductivos en los últimos años. Estos países han despenalizado la interrupción voluntaria del embarazo, ya sea por vía parlamentaria o judicial. El presidente chileno, Gabriel Boric, recientemente propuso legalizar el aborto en su país, alineándose con los avances regionales.
En contraste, la lucha es por garantizar que la ley vigente se cumpla, similar a la situación en Estados Unidos. Los parlamentarios evangélicos también buscan endurecer la ley de drogas, intentando revertir decisiones del Tribunal Supremo, más liberal que el Parlamento. Este enfrentamiento institucional refleja las principales banderas de los ultraconservadores, impulsadas por el creciente poder de las Iglesias evangélicas.
